Cuestionan cercanía con Peña de aspirante a SCJN
 
Hace (99) meses
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Alejandro Jaime Gómez Sánchez, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuesto por el Ejecutivo federal, fue cuestionado por su cercanía con el mandatario Enrique Peña Nieto y la posibilidad de que ello represente un conflicto de interés. 

Al comparecer ante la Comisión de Justicia, durante casi seis horas, los legisladores hicieron referencia a la relación política y laboral que ha mantenido el actual procurador de Justicia del Estado de México con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y el actual titular de la Conade, Alfredo Castillo.
Los senadores plantearon el tema al funcionario local, por la colaboración que ha tenido en el pasado con integrantes del equipo de Peña Nieto, y también por su participación en el diseño de las reformas estructurales, cuyos litigios podrían terminar en la Suprema Corte.
“Para ocupar el cargo de ministro se requiere independencia para ser un contrapeso efectivo del poder, además de capacidades técnicas para realizar este trabajo. Su hoja vida muestra un abogado eficiente y talentoso, pero siempre al servicio del poder”, sostuvo senador del PRD, Humberto Ríos. “Existen amplias dudas para considerarlo como la persona idónea para la corte, porque ha colaborado en diseño de reformas estructurales que las manifiesta como atributos, las cuales la corte tendrá que atender a través de controversias. ¿Se considera realmente libre de conflicto de interés para ejercer el cargo?”, cuestionó la senadora independiente Martha Tagle.
El perredista Armando Ríos Piter señaló que la condición de subalterno de quienes hoy conducen el gobierno federal, la cercanía y el involucramiento en sus proyectos podría representar un conflicto de interés.
El funcionario mexiquense también fue cuestionado por el papel de la PGJEM en el caso Tlatlaya, luego de las acusaciones de abusos y tortura relacionadas con los hechos.
Tlatlaya es unn caso que aún permanece pendiente por las denuncias de ejecuciones de varias personas por elementos del Ejército.

RECHAZO DEL ASPIRANTE 

Gómez Sánchez rechazó la existencia de conflicto de interés, defendió su trayectoria y aseguró que su inclusión en la terna presidencial obedece al perfil que tiene como abogado.
“Sí me considero libre de conflicto de interés. Tengo mi trayectoria y conciencia limpias, así como las capacidades necesarias para ser un juez constitucional independiente, imparcial, moderno y responsable”, sostuvo.
En su intervención inicial, dijo que en caso de ser designado como ministro actuará con apego a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y con total transparencia en favor de la promoción y protección de los derechos humanos. Aseguró que la garantía para actuar con independencia está en la ley y el análisis que lleva cabo el Senado sobre cada uno de los candidatos propuestos por el Ejecutivo.

¿INSTRUCCIONES?, PARA NADA

“Nunca he recibido, afortunadamente, ninguna instrucción de algún superior jerárquico, ni del gobernador ni del presidente de la república, para actuar contrario al derecho”, afirmó Jaime Gómez Sánchez. Reiteró que, en el caso de Tlatlaya, la procuraduría a su cargo sólo actuó como coadyuvante del Ministerio Público federal, aunque ahora no mencionó al Ejército y los señalamientos de la CNDH sobre la presunta alteración de la escena, como lo hizo antes.
Gómez señaló que se ejerció acción penal en contra de siete elementos de la Policía Ministerial por el delito de tortura y en contra de un agente del Ministerio Público por abuso de autoridad.
Al hablar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso de la marihuana, el funcionario consideró que los ministros buscaron aportar un criterio de trascendencia que cambie la política pública existente.
Al tratarse de un caso aislado, el procurador mexiquense consideró que las futuras sentencias no deberán ignorar que los convenios internacionales firmados por México obligan a adoptar las medidas legislativas y administrativas para limitar exclusivamente la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes para fines médicos y científicos.

Y QUÉ CON FEMINICIDIOS

Los legisladores lanzaron constantes señalamientos sobre el creciente fenómeno de los feminicidios en el Estado de México e incluso mencionaron el caso de la empresa OHL.
“Es imposible soslayar el caso Tlatlaya y los feminicidios sin resolver en el Estado de México”, advirtió la senadora del PT, Layda Sansores.

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