Un juez federal desechó por notoria improcedencia el amparo promovido por el jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, para frenar el proceso de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para removerlo del cargo.

Jorge Arredondo Gallegos, juez noveno de distrito en materia administrativa, se negó a admitir a trámite la demanda promovida el 17 de agosto por Salgado, quien alegaba que el procedimiento de remoción no le había sido notificado formalmente.

Ese día, la ALDF informó que ya estaba por emplazar a Salgado para que se defendiera.

El juez consideró que la remoción es una facultad soberana de la Asamblea Legislativa, en la que no puede intervenir el Poder Judicial, según establece el artículo 61 de la Ley de Amparo, que también blinda otros procedimientos de este tipo, como el desafuero y el juicio político.

Agrega que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que aún está vigente, faculta a la ALDF para remover a jefes delegacionales por causas graves.

Al desechar el amparo, el juez Arredondo recordó que el Estatuto de Gobierno permite a Salgado presentar pruebas y formular alegatos, tras lo cual la ALDF calificará la gravedad de la falta y resolverá en definitiva sobre la remoción, por el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Legislatura.

El delegado morenista puede impugnar el desechamiento de su amparo mediante queja ante un tribunal colegiado de circuito, que tomaría algunas semanas para resolver, por lo que es probable que para entonces la ALDF ya habrá determinado si lo remueve.

Salgado también podría intentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, como lo hizo en 2016 el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, quien con ese recurso ha mantenido congelado el procedimiento de remoción que le inició el Congreso de Morelos.

Sin embargo, el artículo 105 de la Constitución no faculta expresamente a los jefes delegacionales de la CDMX para promover controversias, por lo que la Corte tendría que aclarar si se les puede ver como equivalentes de los presidentes municipales.

El procedimiento contra Salgado inició a raíz del operativo del 20 de julio en el que la Armada de México abatió a Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, cabecilla del cártel que opera desde Tláhuac.