Desvía el gobierno federal 7.6 mil mdp
 
Hace (78) meses
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A través de 128 empresas fantasma, el gobierno federal desvió recursos por 3.4 mil millones de pesos, sólo por contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero terminaba en el bolsillo de los funcionarios.

De acuerdo con la información revelada ayer por Animal Político, el gobierno federal también ha utilizado a dependencias, en este caso once, para desviar miles de millones de pesos. Entre ellas están la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la gestión de Rosario Rosario Robles; Banco Nacional de Obras (Banobras), cuando estaba al frente Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México; y Petróleos Mexicanos (Pemex), las principales responsables de este mecanismo.

En la lista también se encuentran las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), Educación Pública (SEP), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Economía (SE).

Los datos citan las Cuentas Públicas 2013 y 2014 en las que Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por un monto de siete mil 670 millones de pesos. De esta suma, se desconoce el destino de 3 mil 433 millones de pesos.

La suma total, le fue entregada a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La investigación también revela planteles educativos de nivel superior y directivos cómplices. Entre ellas las Universidad Autónoma de México, Autónoma del Carmen, de Morelos, Popular de Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Politécnica del Golfo de México y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

La investigación de Animal Político, cita que para eludir la Ley de Adquisiciones, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero sólo si las universidades realizan al menos 51 por ciento del servicio contratado.

Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados: distribuir despensas, supervisar la perforación de pozos de Pemex organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito que establece la ley.

Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento del total del convenio.

Esta triangulación viola la ley. Además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.

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