La Secretaría de la Función Pública no tiene competencia para analizar la procedencia del bono “por riesgo” que se regalaron los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El titular de la SFP, Virgilio Andrade Martínez, afirmó que la facultad que tiene el INAI para aprobar el bono, por el cual los integrantes del pleno del instituto recibieron 208 mil 410 pesos, deriva de su autonomía y que sus razones tuvo para hacerlo así.
“Son situaciones de autonomía y las circunstancias, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de las instituciones, obviamente en este tipo de situaciones cada institución tiene sus motivaciones”, dijo Andrade.
El bono de riesgo se contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada año fiscal y aplica a servidores públicos como el presidente de la república, el procurador general de Justicia, secretarios de Estado y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El PEF 2015 establece que para determinar el porcentaje que se deba entregar a cada funcionario, la SFP analiza el nivel de exposición, la frecuencia y la incidencia del riesgo.
Andrade Martínez sostuvo que la Función Pública no se involucró en el cálculo realizado por el INAI. “La secretaría lo que hace es analizar situaciones de esta naturaleza únicamente para los servidores públicos que están en el gobierno federal y no tiene relación alguna con ninguna otra institución en relación a ello y, por lo tanto, hay un pronunciamiento respecto de la autonomía de cada uno de ellos por parte de nosotros”, argumentó.
Al ser cuestionado sobre la pertinencia de la medida aprobada por el pleno del INAI el 9 de diciembre pasado, el titular de la SFP reiteró que cada institución tiene sus razones y que las mismas están a la luz de la opinión pública. Luego de realizar un balance del trabajo de la SFP en 2015, ante medios de comunicación, Andrade reconoció que es frecuente la incidencia en las sanciones derivadas de que los servidores públicos no se excusaron de la toma de decisiones aún después de realizar su declaratoria de conflicto de interés, por lo que en 2016 esto será un reto que deberá enfrentar el Poder Legislativo.

SU “INVESTIGACIÓN” SOBRE CASABLANCA

Virgilio Andrade defendió la competencia que tuvo la SFP para investigar los posibles casos de conflicto de interés que derivaron del escándalo de la llamada Casablanca.
“El único órgano que legalmente podía hacer un pronunciamiento desde el punto de vista de las normas, era la Secretaría de la Función Pública porque es la que directamente ve los temas relacionados con servidores públicos federales.
“No existe hoy en día alguna otra institución que pueda analizar este tipo de materias, como fue en esta situación específica el asunto de conflicto de interés”, apuntó.
Para el año 2016, dijo, la SFP tiene como reto principal la apertura de un sistema de quejas y denuncias que pueda responder a las situaciones en que las personas se vean afectadas por presuntos actos de corrupción y que, independientemente de las reformas legales, las instituciones unan esfuerzos incluso con organizaciones de la sociedad civil para establecer algunas regulaciones para lograr un verdadero Gobierno abierto y transparente.