El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados trabajará durante este año en la creación y reforma de 23 leyes secundarias que se necesitan para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, aseguró Marko Cortés, coordinador de la bancada.

En un comunicado, el legislador sostuvo que el combate a la corrupción es la principal demanda de los ciudadanos y que por ello el Partido Acción Nacional (PAN) asume el compromiso de trabajar en ese conjunto de iniciativas, además de tratar de convencer a las demás fuerzas políticas a que se sumen a ese propósito.
“La corrupción es el peor cáncer que padece nuestro país. Están relativamente claras las soluciones, está claro que debemos nombrar al fiscal, el perfil que debe tener, cuál es la fecha límite. Llegó la hora de pasar del dicho al hecho”, aseveró.
En alusión a las declaraciones que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que la corrupción es un problema cultural, Cortés afirmó que esto es falso y que más bien obedece a una cuestión estructural enraizada en las instituciones públicas. “Contrario a lo que muchos dicen, que la corrupción es un problema cultural, en Acción Nacional seguimos pensando que es institucional y esto se refleja en los bajos niveles de aprobación ciudadana hacia el presidente de la república, los partidos políticos y los sindicatos; esto es tan grave que son contados los funcionarios públicos apreciados por los ciudadanos”, dijo.
Cortés expuso que los hogares mexicanos gastan alrededor de 35 mil millones de pesos al año en sobornos para tener acceso a servicios básicos y en general la corrupción le cuesta a todos los mexicanos hasta 1.5 billones de pesos, que son 45 veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Es inadmisible que esto continúe así”, puntualizó.

CONTRA FUERO PRESIDENCIAL

En el paquete legislativo, aseveró Marko Cortés, está la reforma constitucional al fuero, con la que se pretende quitar la inmunidad procesal al presidente de la república y a los altos funcionarios.
Además de la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República, así como reformas al Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, entre otras, enuemró.