Por: Claudia Salazar I  Reforma

La Cámara de Diputados tiene prisa por gastar 93.8 millones de pesos de los mexicanos en los últimos 10 días del año a través de cuatro contratos con los cuales omite la licitación pública que marca la norma interna.
La adquisición de nuevas cámaras de vigilancia, la renovación de elevadores, otra iluminación para el recinto y obras de impermeabilización marcan la urgencia de San Lázaro para evitar devolver a la Tesorería de la Federación los millones no gastados en el año.
Estas obras y servicios se pagarán con el fondo de 500 millones de pesos –adicionales a su presupuesto ordinario de 7 mil 339 millones– que la Cámara se autoasignó a través del Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.
Este es el mismo ramo que han empleado los diputados en el reparto de recursos extras a estados y municipios para obras y que han sido ligados en años anteriores al llamado “fondo de los moches”.
Los gastos de último momento se suman a los 180 millones que la Cámara repartió como bonos extras a los grupos parlamentarios.
La asignación de los contratos se dio con base en un acuerdo del Comité de Administración, con fecha del 15 de junio, que dio facultades a la Secretaría General de cubrir necesidades elementales de la Cámara hasta el cierre del ejercicio presupuestal de este año, con motivo de la transición de la 62 a la 63 Legislatura.
Para ello se autorizó que se hicieran contratos fuera del Programa Anual de Adquisiciones 2015 y que se omitieran las licitaciones a cambio de adjudicaciones directas.