Dos estados en los que hubo alternancia tras escándalos de corrupción, Chihuahua y Veracruz, encabezan la lista de ocho entidades que no cumplieron a tiempo con la creación de las leyes de sus Sistemas Locales Anticorrupción.

En esas entidades, gobernadas por los panistas Javier Corral y Miguel Ángel Yunes, no se han aprobado aún las reformas constitucionales que darán paso a la creación de las leyes que debieron aprobarse antes del 18 de julio para el funcionamiento del sistema.

A punto de vencerse el plazo establecido en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción para la armonización de las leyes locales, hay además seis entidades que no cuentan con la ley local, a pesar de ya haber reformado su constitución: Baja California, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Tabasco y Tlaxcala.

En cuatro entidades (Campeche, Coahuila, Guerrero y Yucatán) las leyes fueron aprobadas la semana pasada, a marchas forzadas.

Especialistas y activistas lamentaron que, al llevar las reformas legales al plazo límite, las legislaturas de los estados no aplicaron normas de Parlamento Abierto, e impusieron procedimientos contrarios a los establecidos en la Ley marco que rige todo el SNA.

En cuanto a los fiscales estatales anticorrupción, sólo siete entidades los han nombrado: Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Sonora, pero en casi todos los casos los designados fueron cuestionados por la sociedad civil.

Tambien es evidente es evidente el retraso en el nombramiento de los Comités de Participación Ciudadana.

Finalmente, sólo Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla y Sinaloa integraron a al Tribunal Administrativo.