A fin de brindar respeto absoluto a los derechos de las mujeres, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó la propuesta del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, a nombre de los mandatarios, para que se instale por lo menos un Centro de Justicia para Mujeres en cada una de las entidades federativas.
Al concluir la XXXIX Sesión del CNSP, celebrada en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que San Luis Potosí ya cuenta con dos Centros de Justicia para Mujeres, en la capital y en el municipio de Rioverde, y para el año próximo tendrá en operación uno más en Matlapa, con lo cual se ha adelantado a dicha propuesta.
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que la ruta a seguir en los siguientes años es redoblar el paso y asumir cada orden de gobierno su responsabilidad frente a uno de los mayores desafíos, e irrenunciable del estado democrático, de brindar seguridad a la población.
Por su parte, Carreras López reconoció que a cinco años de la creación de los centros de Justicia para las Mujeres, estos espacios se han consolidado como una opción donde ofrecen servicios integrales para quienes han sido víctimas de la violencia.
Ante una realidad donde sólo 14 por ciento de las mujeres se acerca a las autoridades para solicitar ayuda, el gobernador potosino dijo que es necesario que por lo menos, antes de agosto de 2017, cada una de las entidades federativas cuente con uno de esos centros, con los recursos suficientes para su operación.
Además de constituir una base de datos nacional sobre la violencia contra las mujeres, “con el fin de seguir avanzando en el diseño e instrumentación de políticas” para anular violencia de género.
OTROS ACUERDOS
En la reunión de la CNSP también se lograron acuerdos como la estandarización de los servicios de atención de llamadas de emergencia; el desarrollo de una nueva metodología para la evaluación de las bases de datos criminalísticas y de personal, así como la elaboración de una norma técnica para uniformar las características e interoperatividades de los sistemas de video vigilancia para la seguridad pública de las entidades.
Además se acordó que los estados se comprometen a establecer medidas de revisión y control para garantizar que ninguna corporación estatal o municipal, y ninguna empresa de seguridad privada emplee uniformes o vehículos con colores, imágenes, o diseños similares a los de las fuerzas armadas, para evitar confusión en la ciudadanía.
Entre los acuerdos, destaca el programa nacional de certificación, calidad y permanencia de titulares y personal especializado de los centros de evaluación y control de confianza, y la implementación del Certificado Único Policial.
Al encuentro asistieron los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda; la procuradora general de la república, Arely Gómez González, así como los mandatarios de las entidades federativas y representantes de la sociedad civil.
