Una empresa que cobró 223.4 millones de pesos por servicios fantasmas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue perdonada por un tribunal federal.

La orden incluye concluir el congelamiento de una cuenta bancaria para que sus propietarios puedan disponer de esos recursos.
Se trata de la Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC), que, según la Auditoría Superior de la Federación, fue la beneficiaria final de ese monto pagado por la Sedesol para la difusión de programas sociales, pero sin haber prestado el servicio.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda había incluido a CDC en su lista de personas bloqueadas desde febrero de 2016, por sospechas de que lava dinero de origen ilícito, con lo que fue congelada la única cuenta de la empresa que se detectó en el sistema financiero.

Pero el pasado 27 de marzo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió a la firma CDC una suspensión definitiva que le permite acceder a su cuenta, al revocar la negativa dictada en noviembre por un juez de Distrito.

La alerta fue emitida por la UIF el 11 de febrero de 2016, mediante oficio 11/F/B335/2016, por el cual se ordenó a los bancos “suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio con CDC, imposibilitando la apertura de nuevas cuentas, la cancelación de las vigentes, o disponer de los recursos que éstas contengan”.

“La sociedad no se ve afectada por la concesión de la suspensión definitiva a CDC, en razón de que el Estado, a través de las autoridades competentes para investigar infracciones penales, puede perseguir el delito previsto en el artículo 400 del Código Penal Federal (lavado de dinero)”, afirmó el tribunal.

El pasado 15 de marzo, la Corte también declaró inconstitucional la facultad para congelar cuentas bancarias sin orden judicial de la PGR.

CDC fue la beneficiaria final de dinero que la Sedesol pagó a Radio y Televisión de Hidalgo en 2014 y 2015.

También se detectaron otros pagos de Sedatu al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) en 2015, para supuestos servicios de difusión de programas sociales.

CDC fue receptora “en tercer orden” del dinero público, es decir, RTH y el SQCS contrataron a otros proveedores, y estos a su vez canalizaron los fondos a empresas como CDC.

Víctor Fuentes
Agencia Reforma