el colectivo #Justicia-SinPretextos rechazó que el nuevo sistema de justicia penal sea una “puerta giratoria” para los delincuentes o que impacte en el aumento de la incidencia delictiva, como han sostenido funcionarios y gobernadores.

En un pronunciamiento, afirmó que el crecimiento de los delitos no puede obedecer a una reflexión simplista, sino a una multiplicidad de factores, como el aumento de las denuncias, la falta de capacidad para investigarlas y la ausencia de políticas efectivas de prevención del delito.

“El discurso gubernamental que afirma que dejar libres a “delincuentes” es un peligro para la seguridad pública y las víctimas, es sumamente preocupante. El nuevo sistema creó mecanismos que garantizan la presunción de inocencia, permitiendo llevar un proceso en libertad, disminuyendo el uso de la prisión preventiva”, expone.

“La idea de que liberar a personas que han cumplido con su sentencia representa un riesgo para la ciudadanía es un ataque directo al Estado de derecho. Las autoridades deben recordar que su obligación es otorgar la libertad a quienes han cumplido su sentencia y garantizar reinserción social”.

En las últimas semanas, actores políticos como el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, han sostenido que el incremento de los delitos se debe entre otros factores al sistema acusatorio, por lo que se han pronunciado por ajustarlo.

“Se escuchan voces de algunas autoridades en pro de una contrarreforma al sistema de justicia. Esto es sumamente preocupante porque no representan el ideal de un Estado democrático”, afirmó el colectivo.

“Más bien constituyen un retroceso al pretender reincorporar viejas prácticas que solapan la ineficiencia de las autoridades frente a un sistema con mayores estándares de investigación, protección y rendición de cuentas”.

Si se identifican fallas en el sistema, añadió, es necesario realizar un diagnóstico real y serio que, con indicadores y perspectiva de derechos humanos, evalúe el desempeño de los operadores de justicia.

El pronunciamiento fue firmado por más de 90 organizaciones y especialistas, entre ellos Causa en Común, Renace, México Evalúa, México SOS, México Unido Contra la Delincuencia, así como Ana Laura Magaloni, Elena Azaola, Ernesto López Portillo, Martín Carlos Sánchez y Layda Negrete.