El cambio climático creó un coctel de calor e incendios que disparó la contaminación por partículas menores a 2.5 micras (PM 2.5)… y la Ciudad de México no está preparada para enfrentar un escenario similar.

“No hay un programa de contingencia ambiental establecida claramente para partículas 2.5, es así”, reconoció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ayer en conferencia.

“Estamos trabajando en una mesa permanente desde el sábado, vamos a estar trabajando intensamente. Todavía no tenemos una fecha pero va a ser lo antes posible (para actualizar el protocolo de contingencias)”.

Ayer, por tercer día consecutivo, los habitantes de la capital respiraron la contaminación que no pudo disiparse por las altas temperaturas, la ausencia de lluvia y los incendios ocurridos. Tan solo ayer se registraron 23 conflagraciones medioambientales.

Las estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat) reportaron en 60 horas concentraciones de PM2.5 por encima de los 130 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire (Imeca).

A las 19:00 horas de ayer, Ciudad Nezahualcóyotl superó los 150 puntos Imeca, el umbral de la contingencia.

De acuerdo con un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en la Ciudad de México hay contaminación por partículas sólidas totales, que son polvos de mayor dimensión, micropartículas y nanopartículas, las cuales, por su diminuto tamaño, ingresan al torrente sanguíneo a través de los alveolos pulmonares.

Frente a la emergencia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, Nashieli Ramírez, señaló que hasta ahora se han observado fallas en las políticas de la autoridad, por lo que pidió no minimizar los hechos.

Leonora Rojas, investigadora egresada de la Universidad de Harvard, cuestionó la falta de una declaratoria de contingencia ambiental por PM 2.5.

“El problema no son las normas, sino que no tenemos una regulación o instrumentos que obliguen a las entidades a su cumplimiento.

“Si no se cumple con las normas de calidad del aire, no hay “castigo” para los gobiernos locales”, explicó Rojas.

Israel Ortega, Selene Velasco e Iván Sosa I Agencia Reforma