Violencia, corrupción, destierro: el pasado persigue a Humberto Moreira
 
Hace (97) meses
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Sólo un recuerdo quedó intacto. Sabe que eran poco más de las cuatro de la tarde cuando sonó el teléfono. Ella pensó que lo que escuchaba era un percance pasajero. Creyó que todo se arreglaría, que ella seguiría con su vida de ama de casa. Confió en que pronto miraría a su hijo.
El 9 de octubre de 2012,un resquebrajado Humberto Moreira sorprendió a la pareja de reporteros del diario Vanguardia, que timbró sin aviso en su residencia con la intención de entrevistarlo. Uno de los empleados respondió por el auricular y no les ofreció ninguna esperanza para que ello sucediera. El exgobernador estaba indispuesto por cuestiones de salud, les dijo, e incluso en ese momento se hallaba en consulta. Los periodistas insistieron y entonces el hombre los dejó en espera un par de minutos antes de volver para notificarles que su solicitud había sido aceptada. Al encaminarse a la puerta se toparon de frente con el médico, a quien reconocieron de inmediato, y un instante más tarde harían lo mismo con el político, a pesar de verlo flaco y avejentado, más por el dolor que por la gripa que lo había postrado en cama durante horas.


La estrella de Humberto Moreira hacía tiempo que había perdido intensidad. Durante los cinco años que ejerció como mandatario adquirió una deuda pública por 33 mil millones de pesos, la mayor registrada hasta entonces en el país. En Texas las autoridades iniciaron una investigación por blanqueo de una parte de ese dinero, mientras que su hermano Rubén, que lo sucedió como gobernador, se deslindó públicamente del destino de al menos la mitad de todo ello que, dijo, no era posible rastrear debido al extravío de documentos oficiales. La magnitud del escándalo lo obligó a renunciar como dirigente nacional del PRI en diciembre de 2011, cuando la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto estaba en ciernes. Coahuila, además, llevaba meses con amplias zonas conflagradas por la violencia, en donde lo mismo mataban y secuestraban grupos de civiles que agentes del estado.
En términos generales, esa era la condición que ostentaba al momento en el que José Eduardo, el mayor de sus hijos, fue asesinado la tarde del 3 de octubre. En los seis días que corrieron desde entonces hasta el momento en el que recibió a los reporteros, se sabía que el homicidio fue motivado por una venganza tras conocerse la ejecución de un sobrino de Miguel Ángel Treviño, el Z-40,a manos de elementos del Grupo de Acción Táctica del Estado de Coahuila (GATE). En el atentado contra José Eduardo participaron el jefe de seguridad pública de Ciudad Acuña, oficiales bajo su mando y miembros de Los Zetas, cuyo líder máximo, Heriberto Lazcano, cayó abatido por marinos a las afueras de un pueblo de la región carbonífera llamado Progreso, apenas dos días antes de aquella primera entrevista concedida por Moreira.
Los periodistas no fueron los únicos a quienes tomó desprevenidos. En el momento en que las declaraciones del exgobernador fueron difundidas, parte de la opinión pública quedó igualmente sacudida. “Cerdos, pónganse a temblar”, dijo Moreira dirigiéndose a quienes ubicó como artífices de su desgracia, aun sin mencionarlos. Los definió como narcoempresarios que “se la dan de santones aquí en el pueblo, en el estado. Que se codean con la sociedad [y] se han hecho millonarios a partir de su trato con los narcotraficantes”. Remató con un deseo de entraña: “A esos los quiero ver en prisión”.
Durante el encuentro, y en un añadido por teléfono los días posteriores, Humberto Moreira arrojó luz sobre el oscuro territorio en el que se convirtió la región centro-norte de la entidad, de donde se extrae 90 por ciento del carbón con el que se produce electricidad en México, y en la que también yacen parte de las reservas de gas esquisto que convierten la Cuenca de Burgos en la cuarta más grande conocida hasta hoy en el planeta. Aludió a la red tejida por empresarios y criminales, e hizo mención de los grupos de “autodefensa” a quienes financiaban con armas y dinero, ilustrando así la manera en que se configuró el sistema de terror que terminó por despoblar buena parte del territorio. En cambio, eludió mencionar que una empresa paraestatal, Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), era desde entonces intermediaria entre los empresarios mineros y la Comisión Federal de Electricidad, y se autodespojó de responsabilidad ante la penetración sin oposiciones que tuvieron Los Zetas durante su gobierno, porque de ello dijo haber brindado información precisa al gabinete federal, principalmente al entonces secretario de la Defensa, Guillermo Galván.


Lo que vino después para el estado fue un clima de terror distinto, en el que ahora la violencia ha sido monopolizada por el GATE, de acuerdo con organizaciones civiles, así como una investigación sostenida del lado estadunidense, cuyos saldos iniciales alcanzaron para someter a proceso judicial al exdirigente nacional del PRI en una corte de España, donde goza de libertad bajo caución tras una semana de encierro que terminó el viernes 22 de enero.
Tanto del clima de terror como del extravío millonario de fondos públicos, Humberto Moreira aparece como figura central. Pero sentenciarlo por tales causas, fuera o dentro del país, es impensable a partir del volumen extraordinario de intereses que se formaron bajo su mandato, dice Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada y directora del Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas en Brownsville, quien prepara un libro sobre el tema.
“Si analizas un poco los datos te darás cuenta de que todo es un teatro”, suelta de inicio. “Con el grado de información que se tiene en Estados Unidos sobre Humberto Moreira, es impensable que en España se le haya detenido por el supuesto blanqueo de 200 mil euros, una cantidad que alguien como él puede fácilmente justificar. No quiero sonar como conspiradora pero, en todo caso, con el gran entramado de intereses que genera una región rica en carbón y gas como Coahuila, en donde existen fuertes intereses de empresas petroleras texanas y españolas, este proceso terminará por limpiarle el nombre”.

LA ERA DEL TERROR
En el verano de 2010, el municipio Piedras Negras, Coahuila, presumía los números que le permitieron ser considerada la décima ciudad más habitable del país, de acuerdo con el Índice de Calidad de Vida elaborado por el Gabinete de Comunicación Estratégica. Con una marginación urbana apenas superior al seis por ciento, sus casi 200 mil pobladores constituían la más apacible de las fronteras mexicanas. Pero la condición les cambió de golpe.
Una parte de la población, que durante años vivió concentrada en el trasiego de la droga a uno y otro lado del río, emergió ese año no sólo para ser vista, sino para ejercer un poder desmedido que pronto borró las cualidades ponderadas por esa empresa de comunicación. Hombres armados con fusiles tomaron las calles y subvirtieron el orden. Controlaron la seguridad e impusieron cobros a cambio de no asesinar o secuestrar a empresarios y otros ciudadanos prominentes.
Los Zetas, de quienes todos sabían su existencia, apuntalaron desde allí la más notable de las hegemonías criminales en la zona, sin una fuerza opositora instrumentada por el Estado. La versión diseminada por el mismo gobierno es que su poder era de tal magnitud que no había manera de confrontarlos. Más allá, sin embargo, existen elementos que perfilan una realidad distinta. La trama de concesiones de un gabinete corrupto, en cuyo centro de interés yacen miles de millones de pesos en hidrocarburos.
“[En Coahuila] podemos darnos cuenta de un nuevo sistema criminal que involucra a delincuencia organizada y autoridades federales, estatales y municipales de distintos órdenes de manera sistémica. Este nuevo modelo, que funciona mediante sofisticadas redes de corrupción, nos da cuenta de la nueva relación que existe entre Estado y crimen”, explica Guadalupe Correa.
Ella y otro académico mexicano-estadounidense, Tony Payán, publicaron en 2014 un análisis para el Centro México de la Universidad de Rice sobre el enorme potencial que ofrecen los yacimientos de gas esquisto y petróleo en la Cuenca de Burgos y las aguas profundas del Golfo de México. Un potencial —sostienen— que tras la reforma energética colocará al país en un estatus de producción que perdió desde la década de 1970, pero que retrasa el desplome del precio de los hidrocarburos, así como el clima violento de los años recientes.


El informe, publicado por el Centro México, dota de un contexto de poderosos intereses económicos a la violencia regional. No se trata de la versión impuesta por el gobierno, de una guerra entre cárteles por las rutas hacia Estados Unidos ni el concepto de “plaza”, sino de los más de 120 mil kilómetros cuadrados que comprenden la Cuenca de Burgos y sus enormes reservas de gas.
El noreste se apresta a convertirse en una zona de mayor pujanza, en el que las enormes extensiones semidesérticas que comparten Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se creeque dejarán ganancias estratosféricas a los dueños de la superficie y a quienes exploten los yacimientos de hidrocarburos.
En diciembre de 2013 el gobierno federal inauguró la autopista que une Mazatlán con Durango, y que a su vez tenderá una unión con Matamoros, en el Golfo de México. Esa ruta desde el Pacífico atraviesa por entidades que agrupan a 19 millones de mexicanos, cuya generación de riqueza equivale a 23 por ciento del PIB. Mazatlán no sólo se convertirá en la puerta de entrada a Estados Unidos desde el Pacífico, sino en la conexión con Asia, el gran demandante de hidrocarburos que existe en la actualidad, dice el informe de Correa y Payán, llamado Reforma energética y seguridad en el noreste de México.
“Lo que me parece curioso es que existe una relación estrecha entre las zonas en disputa —es decir, aquellas que presentan mayores niveles de violencia y enfrentamientos entre sicarios, y de estos con las fuerzas armadas, además de desplazamientos subsecuentes de personas de sus tierras y negocios—. Con zonas ricas en hidrocarburos, muy particularmente en las cuencas de Sabinas y de Burgos, además de la zona carbonífera, aquello constituye una región muy importante para el sector de los energéticos, pues el carbón es materia prima clave para el desarrollo de distintos procesos en la extracción de hidrocarburos”, señala Correa en referencia al pasado reciente.
La forma en que se violentó la región entraña para la investigadora de la Universidad de Texas una lógica distinta al cruce de droga. O al simple ejercicio desmedido de la violencia por un control territorial para el trasiego, la extorsión y el secuestro. Sugiere la provocación de un estadio brutal que permitiría alcanzar a un sistema mafioso una posición privilegiada en el futuro que se avecina.
“Existen algunos elementos que sugieren la utilización de tácticas de corte paramilitar donde no es claro el papel del Estado en los enfrentamientos y ejecuciones masivas”, dice. “Las relaciones entre los distintos actores son clave, pues el nuevo modelo criminal se va exportando a diversas regiones del país”.
Coahuila, efectivamente, no sólo es rico en reservas de gas shale,sino en carbón. Las grandes minas que alimentan la producción nacional de energía eléctrica provienen de su región central y norte, justo la zona en la que comenzó a gestarse el gran ascendente delictivo durante la segunda mitad de la década pasada. Es la misma región que com- prende la Cuenca de Sabinas. El último retazo de la Cuenca de Burgos corre al sur del río Bravo, hasta alcanzar Piedras Negras.
Durante décadas, el contrabando de droga hacia Estados Unidos ocurrió sin intercepciones notables. Los traficantes, aun en los tiempos violentos que sobrevinieron con la incursión de Los Zetas en el mapa del crimen local, rara vez atentaron contra la población civil. Entre 2005 y 2009, los primeros cuatro años del gobierno de Humberto Moreira, el registro de homicidios en el estado sumó 788 casos, la cuarta parte de los asesinatos cometidos en Ciudad Juárez en un solo año, 2010.
Es el año en el que la tranquilidad de los poblados y ciudades construidos sobre las cuencas y la zona minera terminan, y ello tiene un reflejo inmediato en las estadísticas reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre 2010 y 2011, Coahuila reportó mil 67 homicidios. Pero la manifestación del poder criminal que se concedió a Los Zetas tiene un retrato mucho más acabado que los números oficiales.
En marzo de 2011, decenas de hombres armados incursionaron en los municipios de Allende y Nava, al sur de Piedras Negras. Se llevaron a unas 300 personas y demolieron viviendas con maquinaria pesada en operaciones que duraron días enteros, según testimonios de algunos sobrevivientes.
Tres años después de aquella masacre, el gobierno estatal concluyó que fue un acto de venganza por la traición cometida por antiguos socios de Miguel Ángel Treviño, el Z-40,a quien la Marina apresó en una brecha próxima a Nuevo Laredo en el verano de 2013. Informó también que sólo se tuvo evidencia de 28 desaparecidos y no de 300, y que de ese universo hallaron los restos de 11.
Allende se encuentra a una hora de distancia del 14º Regimiento de Caballería Motorizada de Múzquiz, y a 20 minutos de la Guarnición de la Plaza de Piedras Negras. En la caseta de cobro de la autopista que cruza por el poblado también hay militares en servicio. Ninguna autoridad, como haya sido, acudió al auxilio de las familias en desgracia.


“Nadie se ha atrevido todavía a ligar una cosa con la otra, pero el día que lo hagan se van a dar cuenta de que nada fue espontáneo”, dice un exempleado del gobierno de Humberto Moreira, quien aceptó hablar a cambio del anonimato. “La apertura de las puertas a este cártel tiene indicadores muy precisos de su presencia en la vida cotidiana de todos. Y yo que estuve dentro y que sé cómo operan, tenía miedo porque sé las tácticas que usaba (el gobierno) para vengarse de sus enemigos”.

EL MOREIRATO
Humberto Moreira, un profesor que comenzó su carrera impartiendo clases en una telesecundaria, conformó junto a sus hermanos y amigos cercanos un grupo político con el que acaparó los tres poderes locales en menos de dos décadas. Como gobernador, logró hazañas políticas que ninguno de sus antecesores pudo. Entre ellas, que su hermano Rubén lo sucediera en el poder al tiempo que él mismo se encumbraba como dirigente nacional del PRI.
El manejo del partido le duró pocos meses, debido al escándalo de corrupción suscitado al revelarse la deuda pública por más de 33 mil millones de pesos adquirida por su gobierno. Ello, desató una investigación que mantuvo en una prisión de Estados Unidos al extesorero de Coahuila, Javier Villareal, bajo acusaciones de conspiración, lavado de dinero y fraudes diversos, crímenes de los que también se acusó a Jorge Torres, el gobernador interino que dejó Moreira cuando fue en pos de la dirigencia nacional.

El dinero no fue lo único escabroso de su mandato. En marzo de 2011 fueron detenidos dos supuestos mandos de Los Zetas en Coahuila. Se les identificó como Gerardo Hernández Sánchez, alias el Gerry, y Pedro Toga Lara, el Guacho. Ambos se acogieron al programa de testigos protegidos de la PGR, junto con otro presunto jefe de la misma organización, detenido más tarde, en enero de 2012: José Luis Sarabia.
Los tres incriminaron a mandos de la policía federal, estatal y municipal como parte de su red de complicidades. Pero el más relevante de todos era Humberto Torres Charles, quien cubrió una plaza como director jurídico de los servicios estatales de salud al amparo de su hermano Jesús, a quien Humberto Moreira nombró fiscal del estado.
Ante el juez, los tres testigos dijeron haber declarado bajo tortura y se hallaron, además, fallas en la integración de los expedientes. Los funcionarios acusados por la PGR de tejer la red de soporte para Los Zetas fueron exonerados en febrero de 2014. Humberto Moreira, con el caso de la deuda millonaria, tampoco sufrió de imputaciones, hasta hoy en España.
Pero la idea de que Los Zetas operaron con anuencia del anterior gabinete es algo que incluso ha sugerido el actual mandatario estatal, Rubén Moreira. “(En 2011) estábamos a punto —si no es que ya había sucedido— de que el monopolio de la autoridad no lo tuviera el gobierno sino lo tuviera la delincuencia”, declaró en noviembre de 2013 al diario Vanguardia,de Saltillo, el mismo al que Humberto concedió aquella primera entrevista tras el asesinato de su hijo mayor.
En los hechos, Humberto Moreira fue un gobernador que rehuyó la responsabilidad de atacar a la delincuencia organizada. Esa función la delegó en militares en retiro que ocuparon secretarías de seguridad pública municipal y otras jefaturas de la policía estatal.
“A ver, ¿qué fue lo que hice yo? Hablé con el general Galván, en quien yo confío, el secretario de la Defensa Nacional, yo confío en él, y en su momento le dije: ‘A ver, general, écheme la mano’”, contó en la entrevista.
La libertad con la que se condujeron Los Zetas durante su gobierno terminó cuando su hermano entró al relevo. Rubén Moreira decidió fortalecer el GATE y con éste apuntaló la ofensiva en contra de la empresa criminal. En ese contexto asesinan al sobrino del Z-40,lo que desencadena en la muerte de José Eduardo Moreira.
“Este hecho constituye un punto de inflexión en la nueva configuración del crimen organizado y su combate. A partir de la muerte de Eduardo Moreira, Los Zetas van perdiendo a sus cabezas más visibles, comenzando con Heriberto Lazcano. El fin de esta etapa se consolida con el arresto de Miguel Ángel Treviño Morales. A partir de este momento Los Zetas comienzan a operar con un perfil más bajo, y empieza una nueva fase en el desarrollo de una exitosa empresa criminal transnacional”, dice Guadalupe Correa, de la Universidad de Texas en Brownsville.
En los hechos, los números de homicidios fueron crecientes en 2012 y 2013, con un acumulado de mil 416 homicidios. El legado más terrible, sin embargo, fue la desaparición de personas, unas 8 mil, de acuerdo con las estimaciones de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), integrada por familiares de las víctimas. Es una etapa en la que la evidencia reunida por ellos mismos no logra discernir cuándo operaron fuerzas del Estado, paramilitares o células del narco. Y sólo les queda la sensación de una complicidad enorme.
“Es un sistema criminal que ya no se ve hasta dónde llega”, dice sobre ello Raúl Vera, obispo de la Diócesis de Saltillo, y principal apoyo de Fundec. “Vamos a suponer que exista una pequeña y tenue diferencia entre lo que se supone que es la organización política del país y la organización del narco, de los cárteles. Pero hoy no sabes hasta dónde llega el crimen organizado. Esa línea está difuminada hoy porque es tal el grado de corrupción que es imposible distinguirlo”.

LA DUDA RAZONABLE
El viernes 15 de enero, cuando se difundió la noticia del arresto de Humberto Moreira en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, Guadalupe Correa estaba en Veracruz. Dice que se enteró de todo a través de su cuenta de Twitter. “Me sorprendió lo que leía, sobre todo porque sucedió en España, y porque desde siempre tuve noticias de los encuentros que sostenía Humberto Moreira con empresarios españoles y texanos cuando era gobernador. El tema de los hidrocarburos siempre ha estado detrás de todo lo que ha ocurrido en Coahuila desde 2005”.
La sorpresa de Correa duró la semana del encarcelamiento del exgobernador. Tras ser liberado, así sea bajo caución, terminó.
“Cuando monopolizas un mercado te beneficias de todos los procesos productivos. Y eso es lo que generaron Los Zetas en Coahuila durante el mandato de Moreira. Lo que hicieron fue desplazar a medianos y pequeños productores de carbón en todo el estado. Fue a ellos, a los pequeños y medianos empresarios, a quienes estos narcoempresarios comenzaron a cobrar cuotas y a matar. ¿Quién se va a quedar con esos suelos? Es la pregunta que sigue sin respuesta. Pero hay una sola verdad: a las grandes empresas nunca las tocaron”.

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