La Coparmex Hidalgo demandó no transferir al sector privado los costos de los compromisos del gobierno mexicano ante la COP 21, toda vez que se corre el riesgo de que las empresas no puedan cubrirlos. 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo consideró que se debe cuidar que los cambios legislativos derivados de los compromisos internacionales que ha adquirido México no abran la puerta a un control excesivo del gobierno sobre las empresas.
El organismo reconoció que los esfuerzos para reducir los costos del daño al planeta y frenar el cambio climático requieren de la participación de las empresas de todos los sectores y tamaños.
Pero también se requiere de un marco legal que permita crear sinergias con la política pública, de manera que puedan adoptarse mecanismos, normas, acuerdos voluntarios u otros instrumentos de regulación con enfoques de mercado que las empresas pueden acatar, para ayudar a cumplir con las metas comprometidas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó que en 2014 el costo económico que se asumió en México por los daños ambientales fue de 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto.
Es importante revisar la calidad y viabilidad de las propuestas que se presenten como país para tener acceso a fondos verdes, que serán financiados por las empresas de los países desarrollados, que concentran tecnologías que requieren las empresas para cumplir con sus compromisos, afirmó la Coparmex en un comunicado.