Si la empresa canadiense ATCO paga la cantidad justa a los ejidos involucrados, el gasoducto pasará, sentenció el Alcalde de Atotonilco de Tula, Hidalgo, Julio César Ángeles.

La empresa señaló al funcionario como responsable del freno al gasoducto Ramal-Tula desde hace tres años.

“Solamente pagan 10 metros de derecho de vía, cuando en realidad la afectación es de 180 metros, eso es mi reclamo”, sentenció en entrevista.

El proyecto a cargo de ATCO está detenido desde 2015 por cuatro amparos de ejidatarios del Estado de Hidalgo.

Los terrenos en conflicto pertenecen al edil, aunque no están a su nombre y tampoco fue capaz de decir cuánto pagó por ellos ni la extensión que tienen.

El conflicto comenzó porque los procedimientos de los derechos de vía con la empresa no se dieron de manera correcta y no se acordó un pago “justo”, en proporción a ellos, de acuerdo con Ángeles.

“Nunca acordamos ninguna cantidad, ellos inventaron que pidieron 60 millones, nunca les pedí ninguna cantidad”.

“El problema fue que en todo el tramo que tiene el gasoducto empezaron a contratar a ejidatarios, aunque ellos ya habían recibido su pago de lo acordado, que para mí fue absurdo”, dijo.

Aunque Ángeles aseguró que no es su intención impedir el desarrollo de la obra, sí exigirá que se pague lo correspondiente.

“Si quieren pasar por estos terrenos, me los pagan todos”, dijo.

El también diputado electo por Morena también señaló que hay grupos económicos poderosos en el municipio interesados en truncar el gasoducto, y por el que están recibiendo un pago de más de 100 millones de pesos.

Karla Omaña
Agencia Reforma