México destina 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en salud, proporción que está por debajo de lo que invierten los países de la OCDE en promedio, que es 9 por ciento.
Esta situación impacta la calidad y cobertura de los servicios en instituciones públicas, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un estudio.
Entre los países que conforman el organismo internacional, tres cuartas partes de la inversión es pública pero en México, ésta solo llega a la mitad, añade.
La consecuencia de esta situación es que las personas tendrán un mayor gasto de bolsillo ( el dinero que la persona desembolsa para servicios médicos que no provienen de una cobertura del sistema público), además de que los pacientes que accede a los servicios, no van a tener la mejor calidad en la atención, señaló Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del CCE.
Para el sector privado, un problema es la segmentación del acceso a los servicios médicos ligada a la condición laboral. Es decir, por un lado está el IMSS y por otro el ISSSTE, que atiende a los trabajadores del Estado. Y para aquellos que no cuentan con acceso a estos sistemas se encuentra el Seguro Popular.
También identificó una falta de estandarización de buenas prácticas y coordinación en los servicios médicos como resultado de la fragmentación del sistema.
“Cada quien tiene su conjunto de indicadores y por tanto, los actores no están alineados para coincidir en qué indicadores se van a medir para asegurarse que van a cumplir con los objetivos en términos de eficiencia, productividad, calidad en la atención, tiempos de acceso a la salud”, dijo Devlyn.
El sector privado, añadió, está de acuerdo en que se permita la portabilidad del servicio, para que por ejemplo, los beneficiarios del IMSS puedan atenderse en otros sistema como el ISSSTE y viceversa.
“Se tiene una diferenciación a lo que tienes acceso con base en la situación laboral, con base en dónde trabajas. Cuando una persona transita de trabajar primero en el sector privado y después pasa al sector público, por ejemplo, hay ciertos tratamientos que no lo acompañan.
“Estamos proponiendo que la persona tenga acceso a la salud sin considerar su situación laboral”, describió.
El CCE señaló que para que un mayor gasto en salud se traduzca en mejores resultados es necesario asegurar que los recursos se asignen y sean usados de forma eficiente y adecuada. Asimismo planteó una mayor colaboración público-privada, a través de la subrogación de ciertos servicios.
“La manera de lograr esto es aprovechar tanto infraestructura pública y privada y la combinación nos va a permitir tener mayor acceso, más calidad y mayor eficiencia en la prestación de servicios de salud”, manifestó.
Verónica Gascón
Agencia Reforma
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