Sara Elizondo I Pachuca
Citlali Jaramillo Ramírez, secretaria de la Contraloría estatal, afirmó que este año la meta para la dependencia será alcanzar una fiscalización de recursos de 80 por ciento de los 42 mil 838 millones que ejercerá Hidalgo en 2018.
La funcionaria añadió que anteriormente la intervención era menor. “El reto ahora es fiscalizar 80 por ciento de los recursos que llegan al estado. Desafortunadamente, antes, con trabajos, se fiscalizaba 40 por ciento”.
La extesorera de Pachuca señaló que, para lograr esta meta en los recursos, se llevará a cabo un esquema coordinado con la Secretaría de la Función Pública (SFP) “y nosotros (la dependencia a su mando) con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH)”.
“A través del Sistema Nacional de Fiscalización es que establecimos esa meta de fiscalizar los recursos estatales, federales y municipales”, añadió.
La contralora estatal adelantó que, a diferencia de años anteriores, por primera vez se auditará un fondo.
“El Fondo de Participación Social nunca se había fiscalizado, ahora sí será auditado por primera vez tanto en el estado como con municipios; eso, los sindicatos, los partidos políticos, los fideicomisos, son los que ahora van a ser auditados, que anteriormente no se hacía”, afirmó.
Jaramillo Ramírez resaltó que las verificaciones se harán todo el año. “Vamos a estar auditando, cerramos 2018 y en 2019 estaremos presentando resultados”, indicó.
Sobre el Fondo de Partici-pación Social, la contralora del estado acotó que esta partida se distribuye “entre las distintas secretarías para su ejercicio”.
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Hidalgo, entre las facultades de la Secretaría de Contraloría se encuentra “realizar auditorías, evaluaciones, inspecciones y supervisiones de obra, acciones y equipamiento a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en sus programas”.
Así como “verificar la correcta aplicación de los recursos federales y estatales que, a través de los diversos ramos de inversión, se transfieran a los municipios”, entre otras.