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¿Cárcel para funcionarios que nieguen datos públicos?

Para castigar hasta con siete años de prisión a quien use de manera indebida o niegue datos públicos, el diputado de Acción Nacional Humberto Cortés Sevilla propuso reformas al Código Penal del estado

El legislador sustentó su propuesta en dos supuestos: el primero es que existen funcionarios que clasifican información como “reservada”, sin que ésta cuente con las características, con el propósito de no entregarla a la ciudadanía.

Además, para evitar dar a conocer ciertos datos, los sujetos obligados declaran la inexistencia total o parcial de los archivos.

Ambas conductas, aseveró, se presentan cuando los servidores pretenden ocultar malos manejos de recursos públicos y no rendir cuentas.

Aunque la ley contempla estas conductas, se encuadran en el ámbito administrativo, por lo que “para el derecho penal son atípicas; es decir, no están tipificadas” y no tienen consecuencias penales para quienes las cometen.

“Con acceso a la información y cuentas claras, la ciudadanía podrá evaluar a sus gobernantes y sus representantes. Una sociedad informada es más participativa”, argumentó.

El representante del distrito XIII Pachuca Oriente planteó modificar los artículos 302 y 303 del código para armonizarlo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de que se contemplen sanciones penales a omisiones o uso indebido de la información en disposición de funcionarios públicos.

La medida, sostuvo, enriquecerá el Sistema Estatal Anticorrupción. La propuesta se turnó a la comisión de seguridad ciudadana y justicia.

  • La propuesta contempla que el infractor sea acreedor de 2 a 7 años de prisión, así como una multa de 30 a 150 el valor de la Unidad de Medida de Actualización.
  • Pretende sancionar a funcionarios por usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente, sin causa legítima, información pública a su resguardo.

Emmanuel Rincón I Pachuca

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