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Quedó Barreiro en fuego cruzado político electoral

Manuel Barreiro quedó en medio de un fuego cruzado político electoral, donde se pretende hacer ver como lavado de dinero lo que en realidad fue un préstamo a la empresa que compró un inmueble al candidato presidencial Ricardo Anaya, afirmó la defensa del empresario.

El abogado Roberto García González indicó en entrevista que en este asunto se han dado por ciertos hechos que no lo son, como que la compañía que adquirió la nave industrial es una facturera, que sus propietarios carecen de capacidad económica y que trataron de ocultar el origen del dinero.

“No sé si el término persecución política sea el correcto, pero lo que sí puedo decir es que está en medio de una contienda político electoral presidencial y en medio de un fuego cruzado entre dos partidos o más que hacen que no tenga las condiciones de seguridad en cuanto al respeto a sus derechos humanos, porque sí está siendo víctima de esta contienda electoral, eso es un hecho.

“Hay datos a la vista de todos que son atípicos o poco comunes, por ejemplo: esta es una operación que, (ha sabido) por los medios de comunicación, porque no me han dado acceso a la carpeta de investigación, inicia el periodo penalmente relevante con una adquisición (del terreno) en mayo de 2014, si mal no recuerdo, y ya vamos para 4 años en los que no se había investigado tanto como en las últimas dos semanas”, cuestionó.
García González explicó que Barreiro vendió en 2014 a Juniserra, empresa de la familia de Donino Ángel Martínez Díez y su yerno Ricardo Anaya, el terreno donde éstos acondicionaron una nave industrial.
El arquitecto Juan Carlos Reyes García, quien recibió en 2011 el Premio Obras Cemex y es considerado en Querétaro como el equivalente a Humberto Artigas, adquirió la empresa Manhattan Master Plan Development y con ella compró la nave industrial
a Anaya.
Para poder adquirirla, el arquitecto pidió un préstamo de 54 millones de pesos a Tesorem, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), propiedad de los abogados fiscalistas Daniel Rodríguez Velasco y David Alberto Aarón Galindo González.

Los dueños de la Sofom pidieron un préstamo para fondear la operación y por el mismo valor a Barreiro, quien se dedica al negocio del crédito.

El contrato del préstamo a Reyes García tiene al inmueble como garantía hipotecaria. En el momento en que la PGR aseguró las empresas y las cuentas bancarias, se habían pagado nueve mensualidades del crédito.

“El primer acto de esta obra de teatro inició con actos en lo personal contra David y Daniel ‘N’, de sus empresas, con aseguramientos de cuentas y órdenes de cateo, y a los pocos días los tenemos saliendo en una rueda de prensa diciendo que son testigos del asunto de la simulación del crédito y, entonces, allí te la dejo, se ve un poco raro el asunto”.

CDMX I Agencia Reforma

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