La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso en el que alega que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para el caso Iguala y desconoce su investigación sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

El incidente de imposibilidad fue presentado ante el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, al que corresponde supervisar el cumplimiento de cuatro amparos otorgados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en favor de presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron el asesinato de los normalistas.

El escrito fue firmado por la directora de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Carmen Sustaita, y por el director de Control de Juicios de Amparo, Ignacio Silva.

Sabino Pérez, magistrado del Tribunal Unitario, notificó ayer un acuerdo en el que ordena dar vista a las partes involucradas en los juicios de amparo para que ofrezcan pruebas y aleguen lo que convenga a su interés en plazo de tres días hábiles.

La ley faculta al magistrado para resolver si considera que existe la imposibilidad alegada, pero cualquier resolución que dicte podrá ser impugnada mediante recurso de inconformidad, que podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia para aclarar en definitiva el tema.

Mientras se tramita el incidente, lo que puede tomar varias semanas, las autoridades no estarán incurriendo en desacato de la orden de crear la Comisión, para lo cual hay un plazo de 10 días que empezó a correr esta semana.

Aunque el contenido del escrito de la PGR no se conoce públicamente, es previsible que la imposibilidad se alega en torno a la orden de crear una Comisión de la Verdad y la Justicia que investigaría de nuevo el caso, en la cual el Ministerio Público sería un mero auxiliar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los representantes de las víctimas.

El pasado jueves, la Conferencia Nacional de Procuradores afirmó que la orden de crear la Comisión de la Verdad viola la Constitución y la división de Poderes y es un ejercicio excesivo de las facultades de un tribunal colegiado.

El incidente de imposibilidad fue promovido en paralelo a una solicitud de aclaración de sentencia que se presentó esta semana ante el propio tribunal colegiado.

La solicitud de aclaración fue presentada por el Consejero Jurídico del Ejecutivo, Misha Granados, y por Edgar Romo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la que el tribunal pidió autorizar recursos para la Comisión.

La aclaración de sentencia podría no ser tramitada por el tribunal colegiado, ya que ni Granados ni Romo fueron partes en los juicios de amparo.

Víctor Fuentes
Agencia Reforma