La sentencia del Poder Judicial de la Federación (PJF) —en la que ordenó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) responder si el marco normativo hidalguense prohíbe la operación de la empresa Uber— aún no causa ejecutoria, informó la dependencia, por lo que esta no ha emitido contestación.
El lunes pasado, alrededor de las 14:00 horas, la Semot fue notificada de que, según el amparo 953/2019 —otorgado a la transnacional el pasado 18 de noviembre por el juez tercero de distrito Fredy Francisco Aguilar Pérez—, debe responder al cuestionamiento: “¿Es correcto estimar que, al no estar regulada la nueva modalidad de transporte de referencia, los servicios relativos pueden ser prestados libremente en la entidad por no encontrarse prohibidos?”.
En su análisis, Aguilar Pérez concluyó que la entidad no tiene alguna legislación sobre las actividades de las empresas que organizan redes de movilidad; es decir, un servicio entre particulares ajeno al servicio público. Por ello, consideró el juzgador, debe presumirse permitido en términos constitucionales.
Al respecto, el abogado Aarón Samperio Gutiérrez aseveró que la dependencia estatal no tiene un parámetro legal para negar a Uber su ingreso al estado.
Consultado por Criterio, señaló que la Semot debe contestar a Uber, pues de no hacerlo, la empresa podrá acusar que “no existió motivación ni fundamentación en sus argumentos”; además, la firma podría ingresar una revisión, a efecto de que la dependencia fundamente su respuesta.
El pasado 25 de noviembre, la secretaría falló a favor de la compañía Sistemas Integrales de Movilidad Hidalgo SAPI de CV, subsidiaria de la firma mexicana Theos, a la que otorgó el permiso para la instalación de parquímetros, aplicación móvil y botón de pánico en vehículos destinados al servicio público de transporte individual; es decir, taxis.
Yuvenil Torres I Pachuca
