Los desvíos de César Duarte hacia las campañas electorales del PRI en 2016 en cinco estados se realizaron a través de empresas fantasma creadas por un policía del Estado de México, sus vecinos y familiares.

De acuerdo con un rastreo de actas realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno de Chihuahua asignó directamente en agosto de 2016 cuatro contratos por 246 millones de pesos a empresas constituidas apenas seis meses antes por servicios que nunca se brindaron.

Despacho de Profesionistas Futura, Servicios y Asesorías SISAS, SAMEX y SINNAX S. A de C. V, son los nombres de las empresas a las que la Administración de Duarte transfirió los recursos en abril de 2016.

En actas y documentos consultados por MCCI aparece como operador y presunto prestanombres de esa red el policía José Juan Saliano González, junto con vecinos y parientes que residen en la delegación Azcapotzalco y en los municipios de Tultepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Otros dos policías, compañeros de Saliano González en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), identificados como Ernesto Fernández Mora y Maximiliano Benítez Montoya, presuntamente también recibieron transferencias.

Los tres agentes fueron detenidos en octubre de 2016 cuando intentaron robar 3 millones de pesos en una empresa que custodiaban en Jardines del Pedregal, de acuerdo con notas periodísticas.

La corporación a la que pertenecían fue creada cuando Enrique Peña Nieto fungía como Gobernador del Edomex, y desde entonces funciona como empresa privada –dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana–, a la que en este sexenio se le otorgaron contratos por miles de millones de pesos en decenas dependencias federales.

Las dos primeras empresas fantasmas con las que triangularon los recursos fueron creadas el 13 de agosto de 2015 y cinco días después las otras dos, ante María Cristina Cerrillo Álvarez, titular de la notaría 158 de la Ciudad de México, ubicada en Coyoacán.

SINNAX, a quien el Gobierno estatal le transfirió 55 millones de pesos, tiene como socio mayoritario y administrador único a Saliano González, de 50 años de edad, originario de Tierra Blanca, Veracruz, y con domicilio en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco.

La empresa cuenta con 39 objetos sociales, el primero de los cuales son los servicios de consultoría, asesoría y capacitación en todo el país y en el extranjero. El domicilio fiscal declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está en un edificio de oficinas ubicado en la avenida López Mateos de Nezahualcóyotl.

Una pariente del policía, de nombre Giovanna Itzel Saliano Gallardo, es la representante legal de Servicios y Asesorías SISAS, que firmó con el Gobierno de Duarte un contrato por 46 millones de pesos para dar un curso en materia ecológica. El administrador único es Aarón Talavera Mejía, vecino del agente, en la colonia San Pedro Xalpa, quien inscribió en su propia casa el domicilio fiscal de la empresa.

Otra pariente del mismo policía, de nombre Sandibel Gallardo Gallardo, es quien firmó con el Gobierno chihuahuense un contrato por 55 millones de pesos a nombre de SAMEX S. A de C. V, por concepto de un curso para 5 mil 600 padres de familia de alumnos de preescolar y primaria, el cual jamás se impartió.

La apoderada de esta empresa reside en una humilde vivienda del barrio San Antonio Xahuento, en el Municipio de Tultepec, Estado de México. Mientras que el domicilio fiscal de la empresa, registrado ante el SAT, está en la casa del policía, en Azcapotzalco.

Por último, Despacho de Profesionistas Futura, que recibió 90 millones de pesos del Gobierno de Duarte para diseñar e implementar un software para agilizar trámites, tiene como administradora a María de Lourdes Gallardo Carrillo, también emparentada con el agente.

Las cuatro empresas fueron reportadas desde enero de 2017 por el SAT como presuntamente fantasma, por haber incurrido en supuesta simulación de operaciones.

MCCI llamó a dos de los números telefónicos que SISAS dio al SAT; en uno, la persona que contestó dijo que no conocía a ninguna empresa con ese nombre, y en otro una grabación indicó que la línea no existe. Mientras que en el número que aportó SAMEX el teléfono está fuera de servicio.

También se constató que tres de los domicilios fiscales corresponden a viviendas y otro a una oficina vacía. En ningún caso se encontraron las empresas contratadas por el Gobierno chihuahuense.

Raúl Olmos y Valeria Durán/ Especial MCCI
Agencia Reforma