Pese a que el Congreso estatal no ha definido la situación jurídica de los tres regidores de Tula acusados de robo, ayer los asambleístas participaron en una sesión de Cabildo.
Antes de revisar los puntos del orden del día, la síndica procuradora jurídica Norman Román Neri hizo un recuento
de los hechos ocurridos en torno a los regidores Josué González, Gustavo Guerrero y Juan Lugo, quienes fueron vinculados a proceso, pero liberados, ya que la jueza del caso revocó la medida de prisión preventiva.
“Como sindicatura jurídica debemos velar por que se respete la ley, y todo lo que se ha hecho es basado a derecho, por eso se envió el caso al Congreso de Hidalgo, para que definiera el estatus de los ediles”, leyó Román Neri.
El asambleísta imputado González Hernández dijo que a él y a los otros regidores involucrados les fueron restituidos sus derechos político electorales, por lo que exigieron retomar sus funciones.
“Acreditamos la vigencia de nuestros derechos político electorales con un documento emitido por el INE, y con base en la Ley Orgánica Municipal, venimos a exigir que se realice la sesión, pues no existe ningún argumento legal para que no se lleve a cabo”, aseveró.
Jesús González l Tula
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