Víctor Hernández Sánchez, delegado de la comunidad de Michimaloya, quien fue destituido de su cargo el pasado miércoles por la asamblea municipal de Tula, dijo que hasta ayer no había sido notificado del cese de sus funciones; además, acusó que dicha acción se debe a que ha “tocado intereses de grupos políticos que quieren tener el control de la localidad”.

En abril de este año, el exdelegado denunció anomalías en el otorgamiento de un permiso para la instalación de una gasera en su comunidad, ya que la construcción de la empresa ponía en riesgo a los pobladores; no obstante, señaló, hubo omisión por parte de las autoridades.

Agregó que revisará el dictamen que realizó la Comisión de Gobernación del Cabildo para saber qué medidas tomará.

“No he sido notificado de manera oficial sobre este caso. Sé que tenía un proceso administrativo, y en cuanto se me notifique la resolución analizaré qué medidas legales tomaré para defender lo que gané en una asamblea ciudadana, porque no fui impuesto por nadie, a mí me eligió la comunidad”, aseveró.

Al respecto, el regidor José Miguel Rodríguez Dorantes, miembro de la Comisión de Gobernación, señaló que el destituido puede presentar un juicio de nulidad ante el Tribunal Permanente de Justicia Alternativa.

“El trabajo que se hizo para poder realizar un dictamen estuvo basado en la ley y, tras un proceso de escucha de ambas partes, al final se tiene que tomar una decisión; fue lo que se hizo”, explicó.

El regidor del PRI mencionó que el delegado fue cesado por las quejas vecinales; además, dijo que “en todo momento” se buscó la conciliación y los acuerdos; sin embargo, ahora viene otra etapa del proceso, finalizó.

Jesús González l Tula