Luis Cazares Mejorada, asesor jurídico de Dominga García Teodoro, indicó que el gobierno de Tulancingo debe cumplir con las responsabilidades que están acreditadas como violaciones a derechos ante la negativa de otorgar servicios básicos al fraccionamiento Chichimécatl, de Huapalcalco.

La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) respondió a la queja, acreditó las violaciones y emitió la propuesta de solución PS-TB-0058-18.

“Se hará que se cumpla cada una de estas responsabilidades que ya están catalogadas como violaciones de derechos, pues el gobierno local está obligado. Por eso la CDHEH le hizo una invitación al ayuntamiento de proponer una manera de resarcir esas garantías violentadas”, dijo.

Lo anterior, luego de que en un comunicado de prensa Abdiel Camacho Castelán, director urídico municipal, informó que en los próximos 10 días naturales el ayuntamiento deberá responder si acepta la propuesta sugerida por la CDHEH, en torno a la introducción de servicios básicos que solicita García Teodoro.

Primero, las autoridades locales argumentaron que la negativa se debía a que el predio de la afectada se ubicaba en la zona arqueológica de Huapalcalco.

Ahora, el argumento del jurídico de la alcaldía es que el lugar donde se ubica la colonia está considerado zona de erosión y caída de bloques en el Atlas de Riesgo Municipal, por lo que no es factible la urbanización de la zona; además, agregó, el fraccionador no cumplió con la introducción de las factibilidades necesarias y el derecho a la vivienda digna.

Sin embargo, el abogado afirmó que “Melito Castro fue el vendedor de esos predios y que se los donó al municipio. Él de ninguna manera tiene carácter de fraccionador; a él no le corresponde haber ingresado esos oficios. Tulancingo es el fraccionador legalmente constituido”.

“Sabemos que proyectar una urbanización en esa zona es costoso; no obstante, es parte de su obligación resolverlo”, aseveró.

Ganó amparos

• Dominga García Teodoro ha ganado dos procedimientos legales al gobierno de Tulancingo. El 11 de octubre de 2017, el Juzgado Primero del Distrito de Hidalgo le concedió un amparo tras la negativa del gobierno de Fernando Pérez Rodríguez de proporcionarle servicios básicos porque su vivienda se encuentra en un sitio arqueológico. El 24 de mayo de 2018, el Primer Tribunal Colegiado Vigésimo Noveno Circuito en Puebla ratificó la violación de los derechos fundamentales de esta persona.

Nathali González
Tulancingo

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