El contralor Alejandro Tenorio señaló que la carpeta de investigación NUC-18-2017-0427, iniciada el 15 de diciembre de 2017 por el gobierno Tulancingo en contra del exalcalde Julio Soto y tres exfuncionarios de su administración, no es un asunto político, obedece a un tema técnico, en atención a la recomendación emitida por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
Ayer, en conferencia de prensa, Tenorio Pastrana fijó la postura del municipio, luego de que el jueves el aspirante a candidato a la diputación local por Movimiento de Regenera-ción Nacional (Morena) acusó al edil Fernando Pérez de actuar con dolo, y con el único interés de privarlo de sus derechos político-electorales “a través de una denuncia deficiente e infundada”.
El funcionario explicó que la demanda también incluye a los exsecretarios de Finanzas, Marcos Flores; Seguridad Ciudadana, Carlos Alberto Ruiz; Obras Públicas, Laura García, y contra quien resulte responsable.
Abdiel Camacho, jurídico del municipio, explicó que dichas personas deberán solventar los faltantes relacionados con expedientes técnicos de obras, pagos en tesorería y la ausencia de un vehículo.
Aun cuando Soto Márquez acusó a la actual administración de obstaculizar el proceso para concluir temas administrativos y de obras, el contralor mostró notificaciones
y minutas de trabajo derivadas de las reuniones que durante más de un año sostuvieron con sus antecesores para que se regularizaran.
El funcionario lamentó que, pese a las facilidades brindadas, el tiempo no les “haya alcanzado” a las anteriores autoridades para solventar todas las irregularidades detectadas en obras y acciones, por lo que, previa revisión, la ASEH recomendó al municipio proceder penalmente para deslindar responsabilidades.
María Antonieta Islas I Tulancingo