Activistas y exregidores llamaron al gobierno del estado y a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) a revisar las denuncias contra el expresidente municipal de Tula Jaime Allende González, quien enfrenta denuncias penales.

Esto, luego de que el exedil realizara un desayuno con excolaboradores en el que, según los asistentes, se informó sobre la creación de una asociación civil para gestionar recursos federales, a fin de tener presencia política que les permita acceder a cargos de elección popular.

Fernando Cruz Rodríguez, líder de la Coordinadora Ciudadana de Tula, dijo que la falta de sanciones es “una burla” para la población. “Desde que era alcalde siempre pusimos sobre la mesa los abusos de Allende, pero nadie hizo caso. Con la llegada del actual gobierno se informó que había observaciones superiores a los 60 millones de pesos, incluso se puso una demanda y a dos años no pasa nada”, dijo.

En agosto de 2017, el ayuntamiento, encabezado por Gadoth Tapia Benítez, inició la carpeta de investigación 16-2017-02041 por uso ilícito de atribuciones por 21 millones de pesos contra Allende González, el exsíndico hacendario Javier Arana Hernández y la extesorera María Margarita Mera González. Hasta el momento, el gobierno local no ha dado a conocer avances del caso.

Además, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) informó en octubre del año pasado que presentó otra denuncia contra el exedil priista porque, derivado de la revisión a la cuenta pública 2015, no solventó un millón 724 mil 145 pesos.

El exasambleísta Paciano Calva Aguilar, integrante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que el exalcalde cuenta con protección de funcionarios de alto nivel.

“Los diputados actuales (que en su mayoría son de extracción morenista) tienen que hacer valer la ley y hacer que Allende pague por todos sus excesos. Fue mucho el dinero del que no ha comprobado su destino final, por el cual no ha sido castigado”, mencionó

Jesús González I Tula