A más de un año de que obtuvieron su libertad, tras permanecer recluidos 4.5 años, en distintos penales federales, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, nueve de 21 exelementos de la dirección de Seguridad Pública de Tulancingo aún no han sido recibidos por el alcalde Julio Soto, al que solicitan el pago de salarios caídos. 

Los quejosos mostraron documentos para sustentar que tres magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les concedieron amparos indirectos, al comprobar que fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Recordaron que su detención fue entre julio y agosto de 2010, en horario laboral, por un grupo interinstitucional que comandó el entonces secretario de Seguridad Pública, Damián Canales, para después ser trasladados a Pachuca, donde fueron torturados y obligados a declarar bajo presión, además de firmar hojas sin conocer el contenido de éstas.

Posteriormente, el grupo de expolicías fue transferido a la Seido y de ahí a penales de máxima seguridad, por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delitos contra la salud, entre otros que, sostienen, nunca pudieron ser comprobados.

El 12 de diciembre de 2014, finalmente, obtuvieron su libertad, pero a la fecha no han logrado que el edil los reciba para solicitarle el pago de salarios caídos y otras prestaciones, mas no su reinstalación porque dijeron estar conscientes de que, aparte de ya no ser confiables, pueden ser objeto de una trampa.