Llama TEEH a actuar contra ayuntamiento de El Arenal
 
Hace (93) meses
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Debido al incumplimiento por parte de la presidenta municipal del El Arenal (Adelfa Zúñiga Fuentes) y los integrantes del ayuntamiento a una orden judicial (sentencia TEEH-JDC-063/2016), del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH).

El pasado 4 de junio los magistrados dictaron acuerdo plenario para dar vista al Congreso local y al titular del Ministerio Público en la entidad para que procedan conforme a sus atribuciones.
Dicho juicio fue promovido por violación de sus derechos políticos y electorales por Yeni Orta Azpeitia, debido a que no le permiten ejercer el cargo de síndico procurador, el cual fue obtenido mediante elección popular para el periodo 2012-2016.
Fue el 21 de septiembre de 2012 cuando la Asamblea municipal aprobó por unanimidad la solicitud de licencia indefinida de Orta Azpeitia y el pasado 26 de febrero, mediante un oficio, hizo la petición de manera formal para ser reincorporada en su cargo.
Sin embargo, hasta el pasado 4 de junio no obtuvo respuesta de manera personal y tampoco a los documentos que envió el pasado 6 de abril y 2 de mayo, en los cuales solicitó respuesta a su petición de reincorporarse al cargo.
El pasado 19 de mayo, el TEEH dictó sentencia y determinó fundados y operantes los agravios indicados por la actora (Orta Azpeitia); en consecuencia, se ordenó al ayuntamiento la reincorporación de la síndico procurador, así como la integración de remuneración que por derecho debe percibir por concepto del cargo que le fue concedido; esto, a partir de que solicitó su reincorporación, actualizándose a la fecha en la que se reinstalaría (tres días después de ser notificados).
De no cumplir, se señaló que se daría vista al Congreso del Estado para lo conducente.
El pasado 29 de mayo Orta informó al TEEH que no había sido notificada de la resolución remitida y al pasado 4 de junio el TEEH no había recibido información del cumplimiento de la resolución por parte de los integrantes del ayuntamiento.
Por ello, el magistrado Javier Lara Salinas puso a consideración dictar el acuerdo plenario para dar vista al Congreso.
Durante la sesión plenaria el magistrado señaló: “Nos encontramos ante un caso de rebeldía contumacia por parte de los integrantes del ayuntamiento a dar cumplimiento a un mandato legítimo expedido por autoridad competente para ello; inclusive, ese no cumplimiento trae como consecuencia un retraso y entorpecimiento de la administración de justicia, lo cual, a criterio del suscrito, pudiese ser consecutivo de algún ilícito inclusive de naturaleza penal (delito perseguido por oficio)”.
Mientras, el magistrado Jesús Raciel García comentó: “En este caso cobra especial relevancia porque estamos hablando de un mandato jurisdiccional de esta autoridad, que está siendo inobservado por una autoridad municipal en el que evidentemente pareciera ser que estamos todavía en el siglo XX, en el siglo XIX donde se habla de cotos regionales de poder, en el que se habla más del peso de una familia de un apellido sobre un estado democrático de derecho que es lo que debe imperar”.

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