En la película que inspira el título de este artículo, el protagonista (Leonardo DiCaprio) es un falsificador de cheques, con fraudes casi de leyenda, perseguido por un tozudo policía (Tom Hanks) que después de años logra atraparlo y hacerlo pagar por sus delitos, pago aminorado por la colaboración que el delincuente otorga a sus perseguidores.
Algo similar ocurre en la vigilancia y fiscalización de los ingresos y gastos de campaña de partidos políticos y candidatos independientes, centralizada desde 2014 en el INE. Los partidos apuestan a engañar a la autoridad, y ésta debe acrecentar, día con día, los recursos, humanos y materiales, que destina -con cargo a los contribuyentes- para evitar que los infractores se salgan con la suya y se burlen de la ley y del fiscalizador. Cabe preguntar si ante esa realidad sería prudente que las multas aplicadas a los partidos políticos se apliquen a cubrir los costos de fiscalizarlos por el propio INE.
Los datos aportados en los debates, del viernes pasado y ayer lunes, en el Consejo General del INE, a propósito de los informes de fiscalización de las campañas de este año, son más que elocuentes de esa situación de juego interminable, en que los partidos juegan a ser el falsificador ingenioso que lanza a la autoridad el reto “atrápame si puedes”.
Según las cifras oficiales, partidos y candidatos reportaron a la autoridad gastos totales de campañas para gobernador (2017) por 508 millones de pesos, pero la autoridad detectó 257 millones más, “51 por ciento de gasto no reportado. Por cada 100 pesos que los candidatos a gobernador declararon haber gastado, el INE identificó otros 51 pesos que se trataron de ocultar”, afirmó ayer el consejero Ciro Murayama. Por donde se vea, el dato revela una conducta que está lejos de explicarse por errores u omisiones involuntarios; es la evidencia de una sistemática conducta de falsificación de información para hacer fraude a la ley.
Al parecer de muy poco, o nada, han servido las multas aplicadas a los partidos políticos en años previos -de las que siguen siendo casos paradigmáticos las impuestas al PRI y al PAN, como producto de violaciones a la normatividad en esa materia, en las elecciones del año 2000. Las multas que en este año podrían aplicarse a los partidos -en conjunto- superan 800 millones de pesos, que de confirmarse por el TEPJF harán la dicha del Conacyt, beneficiario de los montos que el INE descuenta a los partidos por ese motivo.
Tampoco parece haber tenido mayor efecto disuasivo en la conducta de los partidos políticos y sus candidatos, obviamente los de mayor relevancia, que en 2014 se haya llevado al artículo 41 de la Constitución como causa de nulidad, de toda una elección, el rebase del tope de gasto de campaña. Fue una ocurrencia, mal pensada y peor redactada.
Estuve y estoy en contra de la ocurrencia. En primer lugar porque la sanción acaba siendo en contra de los ciudadanos, que ejercen su voto sin saber lo que gastaron los partidos, juntos o separados. En segundo lugar porque deja en manos de los magistrados electorales un tema fundamental, crucial.
Mi oposición se acentuó cuando leí lo que los redactores del mazacote legislativo-electoral de 2014 llevaron a la Constitución. Tasar el porcentaje del rebase de campaña sancionable con nulidad era de por sí un exceso; lo es más al vincularlo a la diferencia de votos entre el ganador y el segundo lugar (los redactores escribieron “cinco por ciento”, pero al parecer quisieron decir cinco puntos porcentuales, que no es lo mismo). Lo resolverá el TEPJF.
Ayer los consejeros del INE, por unanimidad, patearon el bote de la nulidad en Coahuila hasta su regreso de vacaciones. Lo decidirán en agosto. En el Edomex, de nulidad ni hablar.
Posdata: el sábado tuve comunicación con el presidente del INE, Lorenzo Córdova; me aclaró que el receso de la sesión del viernes fue en acuerdo con los representantes de los partidos. No hubo, de su parte, el “estallido” que yo, erróneamente, le atribuí en mi artículo del sábado. Una disculpa.