Invitado por el INE y la Fepade, ayer participé en una mesa de análisis sobre los delitos electorales y sus riesgos para la democracia; enseguida una parte de lo que dije.
Podríamos estar ante la paradoja de que uno de los riesgos para la democracia sea el crecimiento del catálogo de delitos electorales; los de mayor incidencia, es decir de mayor número de casos denunciados, son la adulteración de datos ante el Registro Federal de Electores (RFE), y la suplantación de identidad o falsificación de la credencial para votar con fotografía.
El problema que enfrenta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) es que esos delitos, aunque formalmente son de naturaleza electoral, cuando son cometidos no tienen un objetivo, una finalidad, electoral. Para decirlo de manera simple y clara: en México nadie, o casi nadie, adultera, falsifica, credenciales para votar, o proporciona datos falsos al Registro Federal de Electores (RFE), para votar. Salvo el caso del llamado “turismo electoral”, que consiste en el cambio masivo de electores de un municipio a otro, de un estado a otro, casi siempre limítrofes, para permitirles votar por un determinado partido, que es casi el autor intelectual del delito.
Caso extremo fue el delito cometido en Chiapas en 2015, al parecer con la complicidad de quienes eran consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoral de ese estado, quienes adulteraron el listado de electores chiapanecos residentes en el extranjero para hacer diputado local a un candidato del Partido Verde Ecologista de México, el “partido canalla”. El diputado fue desaforado y los exconsejeros enfrentan hoy procesos penales. En la historia de la Fepade, este es el caso más sonado.
En cuanto al punto de los delitos electorales de mayor incidencia, empezaré por citar un caso de la vida real.
Mi hermana y su esposo recibieron un día un aviso, notificándoles el cambio de su cuenta de ahorro para el retiro, trámite que ellos no habían solicitado. Pidieron la aclaración respectiva y la Afore beneficiada por el cambio exhibió copias de las cartas, apócrifas, de autorización, acompañadas de copias, adulteradas, de sus respectivas credenciales para votar. No trataron de sustraer ilegalmente los fondos de ahorro, solamente los cambiaron de Afore.
¿Quién hizo el trámite ilegal y para ese propósito adulteró las credenciales para votar?: un gestor, al que le pagan un porcentaje, mínimo, de los fondos que consigue trasladar de una Afore a otra.
Lo mismo pasa con otras conductas delictivas que afectan al RFE. Es sabido que en la plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, se pueden comprar credenciales de elector falsas, hay varios modelos disponibles; es conocido que a diario se producen actos de adulteración de los datos ciudadanos en los módulos del RFE. Pero esos actos delictivos no tienen intencionalidad electoral. Tomas Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, tenía una credencial falsificada, seguramente no la quería para ir a votar. Esos delitos electorales tienen como propósito el tráfico de personas, los fraudes bancarios e inmobiliarios, la obtención de otros documentos con datos falsos, como el pasaporte y un largo etcétera.
A finales de 1994, año en que se introdujo en el Código Penal Federal el capítulo de Delitos Electorales, mi amigo y ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos me compartió el caso de un presidente municipal del Estado de México, quien pidió su ayuda porque la Fepade obtuvo orden de aprensión en su contra por el delito electoral de autorizar, al candidato del PRI a sucederlo en el cargo, el uso del auditorio municipal para su cierre de campaña. La denuncia la interpuso el PAN local.