Se le armó la bronca al presidente Enrique Peña Nieto después de que el 1 de enero aumentaron rudamente los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad.

De entre 14.2 y 20.1 por ciento fue el incremento de las gasolinas; de 16.5 por ciento el del diésel; de aproximadamente 20 por ciento el del gas, y de entre 2.4 y 4.5 por ciento para la mayoría de las tarifas eléctricas.

La medida era necesaria, pero eso no quita que fuera dolorosa para los consumidores y se tomara en el peor momento para la administración de Peña Nieto, justamente cuando sus niveles de popularidad ya llegaban a sus niveles más bajos.

Y fue una medida políticamente tan difícil y desgastante que ninguno de los antecesores del presidente se atrevió a tomarla, ni aun cuando los precios del petróleo estaban por los cielos.

Durante el gobierno del panista Felipe Calderón, los precios promedio de un barril de petróleo fueron como siguen (en dólares): 61.60, en 2007; 84.40, en 2008; 57.50, en 2009; 72.30, en 2010; 101.00, en 2011; y 101.80, en 2012. Excepto en 2007, los precios promedio fueron superiores a los que se consideraron en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para cada año aprobada por el Congreso.

Así, en 2007 la diferencia entre el precio promedio de un barril y el que fue considerado en la LIF para ese año fue de +18.80 dólares; en 2008 fue de +35.40; en 2009, de -12.50; en 2010, de +13.30; en 2011, de +35.60; y en 2012, de +16.90. En pocas palabras, con la excepción de 2009, el gobierno recibió muchos dólares adicionales a los que había originalmente planeado obtener por la venta del petróleo.

Desafortunadamente, gran parte de esos ingresos extraordinarios se destinaron a subsidiar los precios de las gasolinas. En miles de millones de pesos, el subsidio anual fue de 65 en 2007, de 299 en 2008, de 19 en 2009, de 94 en 2010, de 196 en 2011 y de 252 en 2012. En total, 925 mil millones de pesos sirvieron para que los mexicanos siguiéramos comprando gasolinas a precios por debajo de los reales.

Lo peor de todo es que los subsidios fueron inmensos a pesar de los aumentos de precios que el gobierno determinó cada año y que fueron como sigue: 4.0 por ciento en 2007; 9.8 por ciento en 2008; 0.9 por ciento en 2009; 12.7 por ciento en 2010; 11.1 por ciento en 2011; y 11.1 por ciento en 2012. Los últimos tres años del calderonato fueron los de los gasolinazos mensuales.

La política de seguir subsidiando a las gasolinas siguió durante los primeros dos años de la actual administración federal. En 2013 el subsidio fue de 115 mil millones de pesos, y en 2014 de 40 mil millones.

Los subsidios se acabaron en 2015, cuando el gobierno obtuvo una ganancia de 198 mil millones de pesos después de aplicar precios que estaban muy por encima de los precios internacionales.

En 2016, gracias a la política de precios mínimos y máximos establecida por el gobierno para garantizar un IEPS positivo, entraron a las arcas 253 mil millones de pesos por concepto de impuestos a las gasolinas.

En 2017 se seguirá aplicando la política de precios mínimos y máximos, pero la fórmula incluye ahora el precio de referencia a partir de cómo está el mercado. Además, el IEPS es fijo pero se mueve ligeramente para que los precios no se salgan de esa banda, lo que garantiza la recaudación para el gobierno, en vista de que los precios en el país se basan en los precios internacionales.

Desde 2006 hasta 2014, el subsidio a las gasolinas nos costó 1.14 billones de pesos, dinero que podría haberse destinado a mejores usos. Los principales beneficiarios de estos precios artificiales fuimos quienes usamos nuestros propios vehículos y los dueños de cualquier tipo de autotransporte. La mayoría de los mexicanos no ganó nada.

El subsidio a las gasolinas es un buen ejemplo de cómo durante años se despilfarró la riqueza nacional.