El que un ciudadano esté vinculado a un proceso penal por haber denunciado, ante un medio de comunicación, irregularidades en la construcción de su vivienda no es un buen mensaje, peor aún cuando uno de los socios formó parte del aparato gubernamental y otro hermano de los dueños trabaja en la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Ayer, en una maratónica audiencia, Leonardo García Vázquez intentó defender su derecho a la libre expresión y a la denuncia, pero la jueza decidió que existen elementos para suponer que de manera “dolosa” informó a un periodista que se sentía defraudado debido a que su casa, ubicada en el fraccionamiento Esmeralda, en Zempoala, presentaba defectos de construcción.

El sentir de García es que el Estado nos transmite que no podemos expresarnos libremente porque caemos en este sistema inquisitorio. “Desafortunadamente desconozco si de hoy en adelante puedo seguir hablando a los medios, porque entonces me están cuartando mi derecho a la libre expresión”, detalló Leonardo García, a Criterio.

El argumento del juez para iniciar el proceso es que el ahora imputado tuvo que haber agotado las instancias legales pertinentes antes de acudir a los medios de comunicación, en un país en que menos del 1% de los delitos se castigan.

No me imagino a nadie perdiendo su tiempo en medios de comunicación, peregrinando para denunciar las anomalías que presentó su patrimonio de manera dolosa. Sin embargo, en un estado en el que los políticos buscan cuartar las libertades no suena extraño que quien se siente poderoso también se sienta intocable.

Otro patrón preocupante es que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo tuviera como prioridad detener a Leonardo García Vázquez el jueves hasta el Estado de México, cuando existen tantas otras órdenes de aprehensión por delitos graves que no se han terminado de aplicar.