“No renunciaré bajo ninguna circunstancia. No he cometido ningún crimen que amerite acortar mi mandato”.
Dilma Rousseff
Los juicios políticos son más políticos que juicios. Los legisladores no son jueces y no se interesan por determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. Votan por los intereses de sus partidos.
Esto lo vimos el domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados de Brasil. Los diputados ni siquiera se preocuparon por las acusaciones contra la presidenta Dilma Rousseff. El resultado quedó sellado días antes, en el momento en que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que ha perdido las tres últimas elecciones presidenciales ante el Partido de los Trabajadores, retiró su apoyo a la mandataria.
Los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Rousseff aplicaron políticas populistas que, ayudadas por los altos precios de las materias primas, generaron un crecimiento económico artificial. El colapso económico que hoy sufre Brasil era inevitable. Las expectativas generadas por Lula y Dilma, que afirmaban que la expansión era producto de sus políticas económicas, y la decepción ante la crisis han llevado a un desplome de la popularidad de Dilma, hoy debajo de 8 por ciento.
Pero una cosa es cuestionar las políticas económicas fallidas de un gobierno, y otra muy distinta derrocar a la presidenta. Tiene razón Dilma cuando afirma que el juicio político es un simple golpe de Estado.
La Constitución brasileña establece un procedimiento de juicio político, o impeachment, al presidente similar al de otros países del mundo. El artículo 85, en particular, señala que el mandatario podrá ser juzgado por “delitos de responsabilidad” definidos como “actos… que atenten contra la Constitución federal”. La redacción es suficientemente vaga como para que cualquiera pueda ser enjuiciado por cualquier razón. Lo único que se necesita es el voto suficiente de diputados y senadores.
A Dilma no se le ha acusado de ningún delito de corrupción. El gran escándalo de Petrobras no la ha tocado a ella y en cambio sí a algunos de los legisladores que están promoviendo su destitución. Se responsabiliza a la presidenta de haber manipulado la contabilidad oficial con el fin de aparentar que el déficit de presupuesto era menor al real. ¿Es un delito? Quizá sí. ¿Suficientemente grave como para destituir a la presidenta? Pienso que no.
Los legisladores que hoy buscan destituir a Dilma tienen acusaciones mucho peores. La idea de que estamos viendo una justa destitución generada por el enojo popular es falsa. Se trata de un linchamiento en que los linchadores son más culpables que la linchada.
El primer beneficiario de la destitución sería Michel Temer, el vicepresidente de 75 años de edad, miembro del PMDB. El propio Temer ya ha dado a conocer planes para formar su gabinete, pero él también firmó los documentos que falseaban la dimensión del déficit, por lo que compartiría la responsabilidad. Además se le ha acusado de participar en una operación de compra-venta ilegal de etanol.
En caso de que Temer no llegue a la presidencia, o sea destituido después, Eduardo Cunha, el líder de la Cámara de Diputados, también miembro del PMDB, tendría su ansiada oportunidad para llegar al poder. Cunha es un cristiano evangélico que ha sido acusado de esconder millones de dólares en cuentas bancarias suizas. Se le ha vinculado también a actos de corrupción en el caso Petrobras.
Brasil tiene, como México, un serio sistema de corrupción. Pero éste no se resuelve destituyendo a una presidenta electa, que puede ser inepta pero no parece corrupta, por políticos iguales o peores que no fueron electos a ese cargo por los ciudadanos.
Secuestrador libre
Isidro Solís Medina fue sentenciado a 34 años de cárcel por el secuestro de un comerciante. Se le relaciona también con el secuestro y asesinato de la joven Silvia Vargas Escalera, hija de Nelson Vargas. Pero resulta que el comerciante se topó con su propio secuestrador en la calle. Los jueces lo dejaron libre. “Es indignante” dice el profesor Vargas.
