Históricamente los gobernantes mexicanos se han dedicado a administrar la pobreza en lugar de combatirla. Décadas de programas electorales y un país lleno de corrupción son las pruebas de la estrategia política seguida por cada administración en este país.
La generación de infraestructura en este país está supeditada a prioridades, como la de ganar votos en cada elección y controlar organizaciones populares.
De acuerdo con un reportaje del diario Reforma, publicado ayer en Criterio, durante un cuarto de siglo la Secretaría de Desarrollo Social ha gastado más de un billón 564 mil millones de pesos en la implementación de programas sociales, pese a lo cual en nuestro país existen los mismos niveles de pobreza que hace 25 años. Esa cifra, sin embargo, es parcial, pues en cada estado se gastan al año millones en otros programas que son financiados desde los gobiernos estatales.
En Hidalgo, por ejemplo, hemos visto desfilar programas de entrega de despensas, útiles y uniformes escolares; en otros tantos, pagos mensuales a mayores de edad y entre las propuestas del candidato a gobernador del Estado de México se encuentra el “salario rosa”, una mensualidad para cada madre, ama de casa, que carezca de un empleo formal.
Hace años los gobiernos de derecha hubieran llamado a esto populismo, pero ahora lo ven como una estrategia de perpetuidad política, de sobrevivencia partidista. Y es que no basta una investigación de un diario para probar la inutilidad de los programas sociales como Prospera, antes Progresa, Oportunidades y tantos más. La desigualdad social en nuestro país es avasalladora, inconcebible y lastimosa.
Mientras tanto, muchos funcionarios federales se despachan con salarios que superan los cien o 200 mil pesos mensuales le regalan migajas al pueblo, que trata de sobrevivir con un salario mínimo que no supere los 80 pesos diarios.