Detesto esa parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice que los mexicanos estamos obligados a “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes (artículo 31, fracción IV).
Aborrezco el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación que empieza señalando que “Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas”.
De la misma manera odio el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que ordena que “Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos: I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan”.
En pocas palabras, me desagradan todos los artículos de la Constitución que me obligan a “contribuir para los gastos públicos” y las leyes secundarias que me ordenan cuánto y cómo debo contribuir.
La razón que explica mi disgusto es simple: no me es agradable tener que aportar una porción importante de mis ingresos para pagar por servicios públicos que no recibo o, que si los recibo, son francamente malos, de pésima calidad.
Ahora bien, una cosa es que no me gusten las leyes que le dan derecho al gobierno a arrebatarme mi dinero y otra es negarme a obedecer dichas.
Entiendo que si me niego seré objeto de las diversas sanciones que las leyes imponen a quienes no pagan lo que deben de la manera en que deben.
Puedo decidir no pagar y atenerme a las consecuencias. Es una decisión que puedo tomar libremente calculando los riesgos y probables beneficios que obtendré si me rehúso a cumplir con mis obligaciones fiscales.
También puedo decidir cumplir puntualmente con las leyes aceptando que al no hacerlo deberé enfrentar una serie de sanciones que podrán afectar negativamente mi salud física y mental.
Lo que definitivamente no puedo hacer es pararme a la mitad de una calle, interrumpir el tráfico, causarle molestias a mis semejantes y exigirle al gobierno que se siente conmigo, frente a una mesa de diálogo, para discutir la procedencia o la justicia de las leyes fiscales que tanto me desagradan y con las que no estoy de acuerdo porque estoy convencido de que el gobierno malgasta el dinero que mes tras mes me quita.
Entiendo perfectamente bien que las leyes, una vez aprobadas, no son tema de negociación alguna. Están para ser cumplidas y se acabó. Quienes no las quieran acatar que acepten que serán sancionados tarde o temprano.
Esto es lo que no entiende aún un grupo cada día más reducido de supuestos maestros. La Reforma Educativa promulgada en febrero de 2013 que incluyó diversas reformas a la Constitución y la promulgación, en septiembre de ese mismo año, de las leyes generales de Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Servicio Profesional Docente, son actos consumados. Las nuevas disposiciones en la materia educativa que señala la Constitución y todos los artículos de las tres leyes mencionadas están para acatarse y no para discutirse.
Los maestros que no lo entienden e insisten en negociar lo que ya aprobó el Congreso de la Unión y desobedecer lo que señala la legislación están siendo sancionados. Las leyes no se negocian.