No hagas cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas”, reza el refrán de honda sabiduría popular, máxima que bien podría aplicarse en muchos de nuestros actos, algunos irreflexivos, para no lamentar consecuencias reprobables.
Durante las últimas semanas el gobernador del estado, Omar Fayad, y su secretario de Gobierno, Simón Vargas, han abordado, entre otros asuntos de importancia: el funcionamiento del cuestionado Tuzobús, el otorgamiento de notarías y la repartición de permisos para explotar servicio de taxis, legados del sexenio anterior.
El servicio del Tuzobús tiende a resolverse favorablemente para beneficio de miles de usuarios. Su infraestructura se construyó con dinero del erario, pero reditúa favores a unos cuantos particulares, representantes de los pulpos del transporte: de 500 concesiones de las combis retiradas, sólo 200 o 250 son de auténticos permisionarios; las demás, de exfuncionarios, dueños de flotillas.
En unos cuantos días el gobierno estatal dará a conocer cuál de tres opciones que ha planteado resolverá el problema del Tuzobús.
El segundo asunto está pendiente, pues se espera el resultado de la investigación sobre la legalidad en el otorgamiento de 16 patentes notariales. Los favorecidos, ya se ha publicado, son amigos o exfuncionarios cercanos al exgobernador Francisco Olvera. Sobre el reparto de permisos para servicio público, principalmente taxis, aún no se dice oficialmente a cuánto asciende su número, pero se han filtrado nombres de personas socorridas, entre quienes figuran periodistas.

ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Aunque la anécdota que narraré parezca incompatible con los temas que enumeré líneas arriba, creo que su recuerdo es aleccionador.
En 1993, semanas después de que tomó posesión el gobernador Jesús Murillo Karam, se suscitó un escándalo por supuesta restricción a la libertad de expresión, nacida de una disposición dictada por el procurador de Justicia, Leoncio Lara Sáenz.
El funcionario comunicó mediante oficio que los reporteros de diarios y semanarios no tendrían ya libre acceso a la lectura de las averiguaciones previas que se iniciaban en las agencias investigadoras sobre la comisión de diversos delitos: robos, lesiones y otros, pues para ello designaba a un agente del MP para que proporcionara toda la información requerida por los periodistas.
(La lectura, para toma de datos, de las averiguaciones, se remontaba a cinco décadas atrás, cuando aparecieron el semanario Renovación (1935—1950) y el diario El Sol de Hidalgo (1949), costumbre que facilitaba la labor de los reporteros).
La medida del procurador de Justicia fue reprobada por los diarios y semanarios. Al día siguiente se publicó en primera plana “Atentado a la libertad de prensa”.
El gobernador Murillo Karam fue puesto al tanto por el procurador Lara Sáenz. Murillo se entrevistó con los editores para informarles que había malas interpretaciones, de ninguna manera atentado a la libre expresión. No obstante, hubo empecinamiento de los comunicadores.
Ante esa terquedad, el gobernador advirtió que la Procuraduría de Justicia iniciaría averiguaciones previas e investigaciones sobre los reporteros que poseían autos robados, que usaban en sus tareas diarias.
La mayoría de los autos, de reciente modelo, de buenas marcas y en magníficas condiciones, habían sido supuestamente “prestados” o regalados por un comandante de la policía judicial. Uno o dos días después de la advertencia, varios coches fueron devueltos al corralón de la Procuraduría de Justicia.
El dadivoso comandante de la judicial fue cesado y las averiguaciones olvidadas.

¿Lo malo no cuenta?
En relación con la hablilla anterior, además del refrán “no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas”, agregamos la frase, copiando y arreglando el pensamiento exculpatorio del presidente Enrique Peña Nieto: “hay cosas malas que no se cuentan, pero cuentan mucho”.