Los Duarte son una especie imperante en la función pública, que asciende a cargos, se enriquece y, en pocas ocasiones, es inmersa en averiguaciones previas por presuntos delitos que la posicionan en la palestra del escarnio público.
Personifica, como Javier Duarte, prócer de esta generación corrupta, la atrofia política y el uso indebido del poder; sin embargo, su radio de operación no sólo se circunscribe a Veracruz, sino que se extiende por todos los feudos priístas, panistas, perredistas -sin distingo de partido-, incluido Hidalgo.
Sergio Islas Olvera es un tipo de Duarte que tuvo una salida decorosa, pese a que en abril de 2016 se le imputaba un presunto desvío de 100 millones de pesos en el sistema estatal de Radio y Televisión (SRTH).
El 15 de ese mes, antes de que el entonces gobernador reconociera públicamente un posible agravio a la administración, el exfuncionario dirigió al jefe del Ejecutivo una carta en la que informaba que “por cuestiones personales” presentaba su renuncia “con carácter irrevocable”, pero externaba su “agradecimiento” por “la oportunidad brindada”.
Aunque la Procuraduría local aún no determina la cifra del presunto peculado que cometió Islas Olvera, quien se ufanaba de un “compadrazgo” en la alta esfera de gobierno, la actual contralora estatal, Citlali Jaramillo, señaló el 16 de enero de 2017 que su dependencia detectó faltantes, no por 100, sino por 18 millones de pesos.
Y aunque promovió dos amparos en el Juzgado Tercero de Pachuca (83/2017 y 254/2017) con los que pretendía evadir la prisión mientras dura la indagatoria en su contra, ambos fueron desechados.
Su verdugo sería el ex director de la Coordinación Financiera del SRTH, quien, a cambio de su libertad, ofreció pruebas de corrupción que supuestamente involucra a Sergio Islas. Por ello salió de prisión pese a que su delito, del que no logró desvincularse, fue por negociaciones indebidas de 500 millones de pesos.
Pablo Pérez Martínez, quien como subsecretario de Finanzas y Administración de la SEPH tuvo injerencia en el órgano de inteligencia estatal, el CISE, encarna a otro Duarte que tiene pendiente de ejecutar dos órdenes de aprehensión (causas penales 354/2016 y 355/2016) por probables desvíos de 68 y 126 millones de pesos.
En la segunda está implicado también José Antonio Turrubiarte Delgadillo, su mano derecha que operó desde la dirección general de recursos financieros de la SEPH, recluido en el Cereso de Pachuca.
Pablo Pérez no ha sido ubicado. Extraño es que Turrubiarte, previo a su detención, fue vigilado en su domicilio en calle Hermenegildo A, en fraccionamiento Valle de San Javier, donde, incluso, se reportó que dos trabajadores hacían trabajos en la fachada y que afuera estaban estacionados dos vehículos: una Honda tipo CRV, color vino, y una Chévrolet Equinox, color gris.
¿Acaso a Pérez Martínez nadie lo vigilaba?
Pero la principal pregunta es si acaso estos Duartes operaron solos, sin el conocimiento de otro mando.