Nunca me gustó la llamada Ley 3 de 3. Me parece un despropósito obligar a un funcionario a exhibir sus declaraciones de patrimonio y de impuestos. Una cosa es que el funcionario o el ciudadano presenten estos documentos y en caso de alguna orden judicial se verifique la información, pero muy distinto es obligar a una persona, y además a sus parientes, a dar a conocer información que debe ser privada. Desafortunadamente la misma expresión “3 de 3” se ha convertido en un mantra que se repite como lema político. Quienquiera que se opone a esta violación de la vida privada es acusado de defender la corrupción.
Muchos menos me gusta, sin embargo, la venganza ruin de los legisladores del PRI y el Partido Verde contra las organizaciones de la iniciativa privada que apoyaron la 3 de 3, al legislar que esta violación a la privacidad se aplique también a empresas y personas que realicen trabajos o vendan servicios a la administración pública.
En una larga vida profesional yo sólo he trabajado para el gobierno durante seis meses a fines de 1977 y principios de 1978, pero me queda claro que nunca aceptaría un cargo público de aplicarse la 3 de 3. Nadie tiene derecho a revisar mi patrimonio, y menos el de mis parientes, sin causa debida. Aun si un juez ordenara que se investigaran y verificaran mis declaraciones, no tendría ninguna facultad para ordenar que mi información se divulgara a los cuatro vientos. Todos tenemos derecho a mantener nuestra información personal privada. Lo reconoce hasta nuestra muy parchada constitución en su artículo sexto: “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.”
Si la propuesta original de la Ley 3 de 3 es una violación a este derecho en el caso de los funcionarios, la venganza del PRI y del Verde contra las personas físicas o morales es peor. La aplicación de esta disposición no sólo violaría un derecho elemental de los ciudadanos, sino que generaría nuevas barreras burocráticas para los proveedores de productos y servicios al gobierno. Puede uno entender que los senadores del PRI y del Verde busquen crear más burocracia para dañar la economía del país: ésa parece ser el incentivo perverso de muchos legisladores. Pero la perversidad es más profunda. La absurda medida es producto de un deseo de castigar al sector privado por su apoyo a la 3 de 3. Al final los castigados serán, como siempre, los ciudadanos mexicanos.
Pablo Escudero, del partido verde, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, trató de justificar el absurdo: “Ellos son parte del problema y nosotros se los (sic) vamos a recordar.” Ante la declaración de Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex, en el sentido de que la disposición había sido una “ocurrencia de madrugada”, el senador Emilio Gamboa del PRI respondió: “Ellos también fueron muy ocurrentes, ¿querían eso?” Los legisladores reconocen así que quieren vengarse de las “ocurrencias” del sector privado que apoyó la 3 de 3.
Yo reitero mi rechazo a la Ley 3 de 3 a pesar de sus más de 600 mil firmas de respaldo. Los derechos individuales no pueden someterse a votación. Además, la impúdica exhibición del patrimonio de los funcionarios y sus parientes no eliminará la corrupción. Más inaceptable, sin embargo, es la venganza de los senadores del PRI y del Verde. No son niños, no están jugando. Le están haciendo daño a la economía nacional en su afán de vengarse de quienes apoyaron la 3 de 3.
Querían trabajar
Una vez más la policía capitalina detiene a los maestros de la CNTE que quieren entrar a la Ciudad de México, esta vez por el oriente, y en el operativo afecta a decenas de miles que sólo querían llegar a trabajar.
