En una publicación del 21 de enero de 2021, la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirma, en torno a la contaminación: “La exposición a partículas pequeñas de 2.5 micrones o menos de diámetro (PM2.5), generadoras de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, además de cáncer pulmonar”.

Además de ello agrega que esta circunstancia “impacta sobre todo a personas que viven en países de ingresos bajos y medianos y que soportan desproporcionadamente la carga de la contaminación del aire de exteriores, según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

A lo largo de la publicación, no hace una sola referencia a una zona específica del país. Siempre se refiere a la gente de los países más pobres y a la forma en que la salud de estas personas se ve amenazada.

Esa despersonalización y subjetividad en el tratamiento de un tema tan delicado, hace de la Semarnat un organismo preocupado por las calles oscuras del mundo, pero no de aquellas zonas brumosas y contaminadas en el país.

Dice en su publicación que “las PM2.5 permanecen durante periodos más largos suspendidas en la atmósfera, viajan distancias más largas y penetran en los interiores de las casas, oficinas, etcétera, por lo cual la población está expuesta por más tiempo a ellas”.

De que lugar habla. Es tiempo de la Semarnat deje de ser opaca y útil al poder público pero ajena a la realidad social que se enfrenta en el país. Es un ente público, obligado por la constitución, por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y por otra normatividad vigente en el país.

¿Qué lugar, además de aquellos países de gente pobre, en este país, se encuentra lleno de partículas menores a 2.5? ¿Qué gente se encuentra en sus oficinas, en sus casas amenazados por este problema? ¿Cuáles son las medidas que se están adoptando?

Hay ciudades que están saturadas de contaminantes. Hay instituciones como la Semarnat, que están saturadas de olvido y de bruma. Hay espacios en el país que reclaman de manera urgente una declaratoria de emergencia ambiental.

No como una ocurrencia de alguien, de una organización o de otra, no como una demanda carente de sentido, de responsabilidad o de fundamento jurídico.

La secretaría afirma que “esa contaminación atmosférica por partículas suspendidas agrega el INECC, también puede provocar un efecto negativo en el medioambiente, como la deposición o lluvia ácida, la afectación de la visibilidad, el balance radiactivo de energía que se relaciona con el cambio climático, y la eutrofización, entre otros”.

La declaratoria de emergencia, se encuentra fundada por la secretaría en sus publicaciones, pero no en sus actividades, no en sus decisiones.

La contaminación ambiental es un desastre, como lo es un huracán, como lo es una inundación o un terremoto.

Durante décadas se ha estado especulando y haciendo creer a las personas de las ciudades contaminadas con PM2.5 son diferentes a los demás desastres, que no pueden tomarse como tal y que hacer una declaratoria implica una trama compleja de decisiones.

No, no es complejo, es sencillo, las partículas menores a 2.5 son responsables de enfermedades que la secretaría enlista de manera clara y contundente.

En función de esas mismas enfermedades y su prevalencia en las zonas más contaminadas de México, se debe declarar una emergencia y actuar. Actuar en consecuencia con las instituciones involucradas.

Hay declaraciones de zonas de desastre en las áreas que ha sido afectadas por eventos catastróficos naturales. Hay declaratorias sanitarias establecidas por situaciones que colocan en riesgo a la salud de las personas, el Covid-19 es una muestra clara de ello.

Hay declaraciones de emergencia ambiental y los nombres de las ciudades que se pierden entre la bruma de contaminantes que ponen en riesgo la salud de los mexicanos y la biodiversidad del país.

La Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales miente a los ciudadanos al no hacer las declaratorias de zonas ambientales especiales en diversos estados del país.

La Ley General de Protección Civil define en el artículo, en su fracción 59 como Zona de Desastre, al “Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad”.

Es un buen punto para evaluar las condiciones de muchas ciudades del país. Entre ellas, Tula, en Hidalgo, que espera desde hace mucho tiempo una declaratoria que se antoja inalcanzable.

La Semarnat y sus contrapartes locales, miran hacia otro lado y descubren pedazos de cielo azul que desmoronen la demanda de emergencia ambiental.