El día de ayer, el Congreso del estado fue sede de un importante acto para la vida no solo de las personas pertenecientes a la diversidad sexogenérica, sino para el pleno goce de los derechos humanos en México, y por lo consiguiente en nuestra entidad; tuvimos la presencia de la diputada María Clemente García Moreno, quien presentó ante autoridades, personas de la sociedad civil y activistas la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans, la cual, sin duda, marca un hito en nuestro compromiso hacia una sociedad más inclusiva y justa.

Esta ley no solo aborda la necesidad de adaptar las normativas educativas para eliminar discriminaciones basadas en la identidad y expresión de género, sino que también propone fiscalías especializadas para delitos que afectan a personas con identidad sexual e identidades de género no normativas, incluyendo el transfeminicidio.

Es fundamental comprender que la inclusión de personas trans en todos los aspectos de la vida social y cultural no es un asunto menor. Se trata de garantizar derechos básicos, como el derecho a una educación libre de prejuicios, a una justicia equitativa libre de estereotipos, y a la libre expresión de la identidad de género, incluso en documentos oficiales.

Esta iniciativa también destaca la importancia de la inclusión de las personas trans en las comunidades indígenas y afromexicanas, respetando sus culturas y prácticas. Abarca desde el acceso a la cultura hasta la garantía de oportunidades laborales dignas y justas, sin discriminación por género o identidad de género.

Como sociedad, debemos entender que estos avances no solo benefician a la comunidad trans, sino que enriquecen nuestra cultura y fortalecen nuestros valores democráticos. Las medidas propuestas en esta ley reflejan un entendimiento profundo de que la diversidad y el respeto por todas las identidades enriquecen nuestra comunidad.

Recordemos que los tratados internacionales en este ámbito, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nos recuerdan que la dignidad y los derechos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna.

En este contexto, la legislación a favor de la diversidad sexogenérica no solo es un deber ético, sino también una obligación legal internacional. Lejos de ser un asunto de minorías, la inclusión y el respeto por la diversidad de género son fundamentales para la cohesión social y el respeto mutuo en nuestras comunidades.

La propuesta de la Ley General de Acceso Integral a los Derechos de las Personas Trans se alinea con estos principios internacionales, asegurando que todas las personas, independientemente de su identidad de género, tengan acceso a sus derechos fundamentales. Esta ley refleja un compromiso con la igualdad y la no discriminación, valores que son piedras angulares de un mundo justo e igualitario.

Legislar a favor de la diversidad sexogenérica no es solo una cuestión de justicia, sino también de progreso. Una sociedad que respeta y valora la diversidad es una sociedad más innovadora, más empática y, en última instancia, más humana. Debemos entender que la diversidad en todas sus formas es una riqueza que debe ser protegida y promovida.

Por tanto, insto a quienes me leen y están a favor de los derechos de las personas a reflexionar sobre el papel que cada una de nosotras puede desempeñar en la promoción de una sociedad más inclusiva. Juntos, podemos construir un futuro en el que todas, todos y todes seamos valorades y respetades por lo que somos.

La legislación en favor de la comunidad LGBTTTIQ+ es crucial no solo para garantizar sus derechos específicos, sino también para reafirmar los principios universales de igualdad y no discriminación. Cuando defendemos los derechos de la población sexogenérica, estamos reforzando los cimientos de una sociedad que respeta y valora la diversidad en todas sus formas. Esta legislación no solo protege a las personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sino que también promueve un ambiente de inclusión y respeto que beneficia a toda la sociedad.

Reconocer y proteger los derechos de la población LGBTTTIQ+ es un paso esencial hacia una sociedad donde cada persona tiene la libertad de vivir auténticamente y contribuir plenamente como personas sujetas de derechos. Es un recordatorio de que todos merecemos respeto, dignidad y la oportunidad de realizar nuestro potencial sin miedo a la discriminación o exclusión.

Al legislar en favor de la población LGBTTTIQ+, no solo se está haciendo lo correcto desde una perspectiva ética, sino también fortaleciendo los lazos que nos unen como comunidad. Juntos, podemos construir un futuro más inclusivo, equitativo y próspero para todas, todos y todes.

Gracias por prestar atención a estas líneas y por su compromiso con la igualdad y la justicia para todas las personas, sin importar su identidad de género.