La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha vuelto a colocar en el centro de la atención a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con dos nuevas denuncias penales que apuntan a presuntos desfalcos y debilidades graves en la ejecución del gasto público, bajo la gestión de Ana Gabriela Guevara.
Estas nuevas acciones legales, presentadas el pasado 19 de febrero, se suman a una denuncia previa interpuesta en agosto de 2023, según información emitida por el órgano fiscalizador. La primera denuncia se enmarca en la auditoría 143-DS Conade, correspondiente a la Cuenta Pública 2020, y señala presuntos daños al erario por un total de 377 millones de pesos, derivados de irregularidades detectadas.
El informe de la ASF revela que se efectuaron pagos con recursos públicos a individuos que no forman parte del Sistema Nacional del Deporte. Además, se detectó la recepción de equipos tecnológicos con especificaciones inferiores y de calidad inferior a los pagados, lo que levanta serias sospechas sobre la gestión de los recursos.
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La segunda denuncia, relacionada con la auditoría 141-DS de la misma Cuenta Pública, pone de manifiesto debilidades graves en la ejecución del gasto público por parte de la Conade. Entre las irregularidades señaladas se encuentran procesos de contratación que no cumplen con la normativa, falta de documentación y justificación en erogaciones, ausencia de supervisión en actividades contratadas y adjudicaciones directas sin justificación, entre otras anomalías.
Estos señalamientos van desde posibles daños al erario por más de 17 millones de pesos por servicios de limpieza nunca comprobados, hasta observaciones por más de 8 millones de pesos por la supuesta compra de alimentos para deportistas, sin evidencia que respalde dichas transacciones.
Ante este panorama, la Conade enfrenta una nueva ola de escrutinio público y legal que pone en entredicho su gestión financiera y administrativa. Mientras tanto, las autoridades competentes deberán seguir investigando para esclarecer los presuntos desfalcos y tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos destinados al deporte en México.