La Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, bajo control de una mayoría opositora, quedó prácticamente disuelta luego que la Asamblea Constituyente aprobó un decreto con el que asume sus labores legislativas.

El decreto fue aprobado en respuesta a la directiva de la Asamblea Nacional, que rechazó comparecer ante la Constituyente, la cual se declaró como un órgano con poderes plenipotenciarios.

La Asamblea respondió la invitación a comparecer diciendo que desconoce a la Constituyente, por ser un órgano “fraudulento”.

El decreto señala que la Constituyente asumirá las competencias en materias legislativas para “garantizar la preservación de la paz, soberanía y el sistema socio-económico y financiero del Estado y derechos del pueblo”.

Indica que la Constituyente asumirá la tarea de dictar “actos parlamentarios” en forma de leyes, lo que permitirá “garantizar el pleno funcionamiento” del ente constituyente.

La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que la oposición que domina la Asamblea Nacional está a favor de los “más groseros intereses imperiales” y llevó la violencia en las protestas contra el gobierno, entre abril y julio pasados, con el propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El jefe de la bancada opositora de la Asamblea, Stalin González, señaló por su parte que la directiva no comparecería ante la “fraudulenta” Constituyente.

En una carta dirigida al pueblo venezolano, a la comunidad internacional y a Maduro, los diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que se pretende “someter al pueblo a una mentira constituyente, a la simulación de un nuevo momento fundacional con el único objeto de destruir la Constitución de 1999, que además el pueblo ratificó en 2007, para perpetuar una dictadura”.