La administración Trump no compareció este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicar los argumentos detrás de las órdenes ejecutivas sobre migración, en una decisión calificada como “sin precedentes” por organizaciones de la sociedad civil.
Aunque la ausencia de representantes de gobiernos en las audiencias de la comisión no es extraña, la decisión del gobierno de Trump resultó sorpresiva dada la manifiesta voluntad de administraciones anteriores para atender audiencias generales o de casos relacionadas con Estados Unidos.
El comisionado Paulo Vannuchi lamentó que la mesa destinada para los representantes del estado estuviera vacía, y consideró que con ello el gobierno estadunidense “impide el ejercicio democrático de la comisión para conocer posiciones distintas” sobre el tema.
La audiencia fue convocada por la propia comisión, que, en una declaración pública difundida en febrero, expresó su preocupación por las órdenes ejecutivas sobre migración y refugio, anunciadas por Trump en las primeras semanas de su gobierno.
Jamil Dakwar, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) pidió al presidente de CIDH, Francisco Eguiguren Prael inquirir a la misión estadunidense sobre las razones de su ausencia; algo que calificó como “algo sin precedentes”.
“La administración de Estados Unidos muestra una falta de respeto a la comunidad internacional que de alguna forma va a alienar a los aliados internacionales. Esto es, en realidad, similar a lo que haría un régimen autoritario y solamente servirá para fortalecer un régimen autoritario”, dijo. Consideró que la ausencia “es una señal de que la administración de Trump no sólo ataca los derechos humanos aquí en Estados Unidos, pero trata de socavar a los órganos internacionales a cargo de fincar responsabilidades sobre los gobiernos”, abundó.
Durante la audiencia, ACLU y otras siete organizaciones denunciaron que la orden ejecutiva del 25 de enero promulgada por Trump para construir el muro en la frontera con México, e intensificar las redadas para detener y deportar a inmigrantes indocumentados, así como la prohibición migratoria, implican “graves” violaciones a derechos humanos.
En particular, ACLU externó su preocupación por la ampliación del programa 287 (g) mediante el cual el DHS autoriza a policías locales para que sus oficiales desempeñen funciones de agentes migratorios, así como hacer expedita la deportación de inmigrantes indocumentados detenidos en todo el país.