La propuesta de intervención al gobierno autónomo de Cataluña permitirá que el Estado español controle las finanzas, la policía y los medios de comunicación públicos de la comunidad.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros pide al Senado se aprueben medidas de intervención, al considerar que las autoridades de esta región, al impulsar la independencia, actúan con “desobediencia rebelde, sistemática y consciente”.

La aplicación del artículo 155 constitucional permite a la administración nacional proceder en caso de que un gobierno autónoma desobedezca lo que mandata la Constitución, o actúe en detrimento del interés general del país.

El Senado de España, con mayoría absoluta del gobernante Partido Popular, podría votar el viernes 27 de octubre este paquete de medidas, que incide en áreas que se consideran claves en el impulso del proyecto independentista.

Como primera medida, se pide el cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de su vicepresidente Oriol Junqueras y todos los consejeros que conforman su gobierno.

El parlamento catalán  se plantea que lo controle el Senado, que no pueda proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat, ni celebrar debate ni votación de investidura, como tampoco iniciativas contrarias a la Constitución.

La petición al Senado de España es que corresponda al presidente la competencia para decretar la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña y, por tanto, la convocatoria de elecciones autonómicas, que deberá ejercerse en el plazo máximo de seis meses.

En materia administrativa, se toma el control de la policía catalana Mossos d`Esquadra y, en caso de ser necesario, la suplan agentes de las fuerzas de seguridad del Estado.

El gobierno nacional también asumirá las competencias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria.

Asimismo, se asumen las funciones sobre tecnologías de la información y funciones en medios públicos como Televisión de Catalunya (TV3), Radio Catalunya y la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

Madrid, a través de sus ministerios competentes, se encargará de las diferentes atribuciones  asignadas a las Consejerías de la Generalitat y sus dife
rentes departamentos.

Además se obtiene la facultad de designación de titulares, creación y designación de autoridades o cuerpos necesarios para el funcionamiento del gobierno local, con capacidad de implementar protocolos de actuación para las funciones.