Ascienden a 1,914.4 mdp observaciones a la cuenta pública 2022 de Hidalgo

El 58 por ciento corresponde a los últimos meses de la pasada administración estatal

 
Hace (2) meses
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ASEH

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El pasado 21 de febrero la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) hizo la tercera entrega de la cuenta pública 2022, con lo que se completaron las observaciones de dicho año, mismas que acumularon un total de mil 919 millones 496 mil pesos entre poderes del estado, municipios, entes paraestatales y organismos descentralizados.

Luego de entregar el tercer informe de las auditorías de 2022, la ASEH completó el esquema de dicho año, en el que, tan solo en esta última etapa, se encontraron anomalías por mil 131 millones de pesos a los 83 entes auditados.

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Lo anterior significa que esta tercera parte aportó 58 por ciento de todo el monto auditado de 2022, que fue de mil 919 millones de pesos, cifra que, en entrevista con Criterio, el titular de la ASEH, Jorge Valverde Islas, calificó como “histórica”.

De acuerdo con las tres entregas, la primera registró 255 millones de pesos en observaciones, mientras que en la segunda fueron 473 millones.

Entre ellas, destacó una auditoría “excepcional” a la extinta Secretaría de Finanzas del Estado de Hidalgo, que se originó de una denuncia de la actual administración estatal para revisar cuatro contratos firmados en 2018, 2019 y 2021, que juntos acumularon observaciones por 59 millones 208 mil pesos.

Del total observado durante 2022, la administración estatal, encabezada por Omar Fayad Meneses, no transparentó 981 millones de pesos, con más del 80 por ciento de esa cantidad en gastos de sus secretarías.

Por todas las anomalías antes mencionadas, la Auditoría hidalguense ha presentado nueve denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), ocho de ellas corresponden al esquema de la denominada Estafa Siniestra y son contra las alcaldías de Huautla, Yahualica, Epazoyucan, Nopala, Pisaflores, Atitalaquia, Tepeji del Río y Singuilucan.

Mientras que la administración municipal de Tula de Allende también fue objetivo de un proceso penal por presunto desvío de recursos.

 

 

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