Luego de ser detenido la madrugada del pasado martes y lo presentaran ante la justicia, este domingo se reanuda la audiencia del alcalde con licencia de Progreso de Obregón y candidato a diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Armando M.O., ya que se apegó a la duplicidad de plazo constitucional.

El pasado martes, por el delito que la ley señala como uso ilícito de atribuciones de manera agravada, se inició el proceso legal contra el alcalde con licencia y abanderado del PT a legislador local por el Distrito VII de Mixquiahuala.

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Sin embargo, en audiencia inicial, el imputado se apegó a la duplicidad de plazo para definir su situación legal, por lo que este domingo a las 17:00 horas se reanudará, en la que se definirá si es vinculado a proceso o no.

No obstante, durante los días pasados, familiares y seguidores del todavía candidato realizaron diversas manifestaciones en las que acusaron persecución política contra Armando, pues señalaron que es inocente de los cargos que se le imputan.

Durante la realización de la audiencia del martes, un grupo nutrido de habitantes de Progreso de Obregón, su municipio de origen y el cual gobernaba hasta hace unos meses, protestaron afuera de los juzgados penales de la capital hidalguense.

Incluso, bloquearon algunas vialidades como el bulevar El Minero la noche del pasado viernes, justo frente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, lugar donde se encuentra recluido desde el martes, ya que le fue impuesta la prisión preventiva como medida cautelar.

Aunado a ello, también acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) donde reclamaron el atropello de las garantías del alcalde con licencia, ya que consideraron como ilegal el cateo mediante el cual se le detuvo.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

Durante una conferencia de prensa realizada este martes por la mañana, el titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), Jorge Valverde Islas, detalló que al acusado se le hicieron observaciones por 10 millones 700 mil pesos.

Dicha cantidad fue correspondiente a la Cuenta Pública 2022, suma de la que solventó la mitad, informó Valverde Islas, quien calificó el hecho como desvío de recursos.