La Comisión de Selección tomó protesta a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), quienes evadieron pronunciarse sobre temas de coyuntura de presunta corrupción en el estado.
Mirna Rocío Moncada Mahuem, Ana María Tavares Jiménez, Juan Melquiades Ensástiga Alfaro, Rafael Herre-ra Macías y Angélica Tomasa Rodríguez Pérez estarán en el cargo por cinco años.

Moncada, quien es la primera presidenta del órgano colegiado, excusó que antes de emitir posicionamientos se debe conformar en su totalidad el esquema para vigilar la rendición de cuentas.

La contadora pública afirmó ser una ciudadana “preocupada por la corrupción”, pero al cuestionarle su opinión sobre casos como el que enfrenta el ciudadano Leonardo García Vázquez, quien acusó en medios de comunicación a la empresa Sylma por presuntas irregularidades en la construcción del fraccionamiento Privada Esmeralda, en Zempoala, se reservó su postura.

“La verdad es que sé lo mismo que ustedes, necesitamos conformarnos y una vez que nos conformemos vamos a darle para adelante”, mencionó.

En el caso del exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo Sergio Islas Olvera, quien fue sentenciado por el delito de negociaciones indebidas y debe pagar 77 millones 919 mil 524 de pesos, se limitó a señalar que se estará vigilante de que esto ocurra; sin embargo, reiteró que primero se debe terminar de instalar el SEA.

“Estaremos vigilantes de todos los procesos anticorrupción, pero primero necesitamos conformarnos, faltan los cinco contralores, falta el secretario técnico también”, justificó la auditora externa.

Por su parte, la exsubsecretaria de Salud del estado e integrante del CPC, Ana María Tavares, negó que su participación esté en juicio por tener vínculos con funcionarios.

“Yo soy en este momento una ciudadana, fui en su momento una funcionaria y actué como tal, hoy soy una ciudadana con los derechos de un ciudadano”, defendió la consejera del CPC quien, por prelación, será presidenta del comité el próximo año y durará dos años en el puesto.

Sobre casos como el de Sylma, constructora propiedad de Silvia Rico Moreno, hermana de su excompañero de gabinete Marco Antonio Rico Moreno, exsubsecretario de Obras Públicas estatal, la exsecretaria de Salud consideró que la ciudadanía tiene el derecho de iniciar recursos legales, pero siempre que haya elementos.

“La sociedad debe denunciar, pero debe denunciar teniendo fundamentos, hay que tener fundamentos, hay que conocer, si yo voy hacer una denuncia, tengo que conocer los hechos; un delito que se ha cometido, son otras autoridades las que les compete establecer las sanciones”.

En relación con el asunto de Islas Olvera, quien también fue su compañero de gabinete, reiteró que son otras instancias las que deben resolver.
“Como le comento, yo creo que una vez que un delito ha sido cometido, las instancias correspondientes son las que deben intervenir para resarcir ese daño, dado que un daño a la población, a la ciudadanía, es un atentado contra los derechos”, sostuvo.

En este caso, en el que el exservidor fue señalado por un faltante de 600 millones, detectado por la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) derivado de convenios con la Secretaría de Desarrollo Social, pero al que sólo se le exige devolver 77 millones, consideró que las sumas del agravio deben ser bien definidas.

“Los montos deben quedar perfectamente documentados y existe la penalización, las leyes deben establecer cuál es la cuantía del delito y con base a ésta debe ser la sanción, en todos los casos”, indicó.
Sobre si exigirán que las sanciones sean acordes a los señalamientos de actos de corrupción, excusó que “nosotros estamos organizándonos, vamos a definir nuestro plan de trabajo.

“Con base en eso tenemos integridad moral todos los integrantes de este grupo y en base a eso habremos de trabajar, pero teniendo siempre el conocimiento de en qué consiste cada uno de los delitos que se hayan cometido, y con en base a eso habremos de emitir una opinión, como siempre, protegiendo a la ciudadanía”.

NOMBRAMIENTO

La presidenta del CPC, Mirna Rocío Moncada Mahuem, negó que, en el caso del secretario técnico, éste vaya a ser nombrado por el gobernador Omar Fayad Meneses, como afirmó Ricardo Rivera Barquín, coordinador de la Comisión de Selección.
“No tengo conocimiento que él lo vaya nombrar, (será) el comité coordinador“, quien lo designe, afirmó.
Sobre si ya se definió el salario que tendrán los cinco integrantes del CPC, señaló que “no sabemos nada del salario, primero hay que empezar”, además de señalar que en su caso “nunca he sido funcionaria”, expuso.

Emmanuel Rincón I Pachuca