Las empresas privadas son las principales responsables de la criminalización de los defensores de derechos humanos, principalmente en el contexto de mega proyectos, acusó el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
Al presentar un informe regional, el observatorio denunció que ésta es una práctica preocupante en toda América Latina, pues documentó casos en México, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú.
“Son las empresas quienes en casi todos los casos inician los procesos penales contra defensores, solicitando la aplicación de leyes de excepción, como por ejemplo leyes antiterroristas”, señala el informe, que también acusa la complacencia de las autoridades. En México, lo que se aplica es el arraigo, explicó Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organización que colaboró con el informe en lo referente a la situación del país.
Robo con violencia, homicidio y secuestro son los principales delitos por los que las empresas acusan a los defensores, pues en esos casos basta con el señalamiento para que una persona sea encarcelada preventivamente, explicó José Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Según sus datos, de 2012 a 2015 se han registrado 150 agresiones a defensores de derechos humanos sólo en el Edomex. En tanto, Felipe Romero, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que ellos tienen registrados 240 casos en los últimos 5 años.
CASO MÉXICO
El informe presentado por el Observatorio se enfoca en un caso por cada uno de los países mencionados, siendo para México el del defensor Juan Carlos Flores. Integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Juan Carlos fue arrestado el 7 de abril de 2014, luego que se opusiera a la construcción de un gasoducto de 160 kilómetros que pasaría por las faldas del Popocatépetl. Pasó diez meses en el penal de San Pedro Cholula por delitos de despojo, extorsión y ataque a obra hidráulica, y después lo señalaron del robo de celulares, acusaciones hechas por la empresa Bonatti.
“Un mes después la Comisión Federal de Electricidad me acusa por privación ilegal de la libertad, con agravante de que era un funcionario público, y por pandillerismo”, narró Juan Carlos.
“Basta con que un trabajador, ya sea del Estado o la empresa, fabrique testimonios de que ha sido afectado por un delito para que sea suficiente para encarcelarnos, no hay más pruebas”.
Ante esta situación, el informe del Observatorio exige a los gobiernos de los países señalados a reconocer la legitimidad de los defensores de derechos humanos y cesen los ataques y acosos contra ellos.
