Los funcionarios presentaron su dimisión en respuesta al asesinato de Kothan y los recientes episodios de violencia que han sacudido la entidad. La renuncia fue anunciada por la gobernadora Salgado Pineda durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció la renuncia de los secretarios de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, en medio de crecientes tensiones tras el asesinato del normalista de Ayotzinapa Yaqui Kothan Gómez Peralta y una ola de violencia en la región.
Los funcionarios presentaron su dimisión en respuesta al asesinato de Kothan y los recientes episodios de violencia que han sacudido la entidad. La renuncia fue anunciada por la gobernadora Salgado Pineda durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.
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Asimismo, la gobernadora anunció su intención de solicitar al Congreso local la remoción de la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, en un intento por abordar las preocupaciones sobre la situación de seguridad y justicia en Guerrero.
Los eventos que desencadenaron estas decisiones se remontan al 7 de marzo, cuando Gómez Peralta fue asesinado por disparos de la Policía estatal, en el viejo libramiento hacia Tixtla.
La versión oficial inicial ofrecida por Reynoso y Solano sugirió que el incidente fue resultado de un enfrentamiento en el que los normalistas estaban armados y dispararon primero, una narrativa que ha sido cuestionada.
Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la Fiscalía General de la República (FGR) han contradicho la versión oficial, indicando que los normalistas no estaban armados ni dispararon y que se han detectado graves violaciones a los derechos humanos en el caso.
Los abogados que representan a los normalistas han documentado una serie de irregularidades en la investigación, incluyendo alteraciones en la escena del crimen, falta de peritajes adecuados y la fuga del agente responsable del disparo fatal.
En medio de crecientes críticas y presiones por parte de organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, la renuncia de los funcionarios y la posible remoción de la fiscal del estado marcan un intento por restaurar la confianza en las instituciones y abordar la preocupante situación de seguridad y justicia en Guerrero.
