La empresa de origen poblano Autotraffic aseguró que no cuenta con la facultad legal ni contractual para exigir a los automovilistas que paguen las infracciones que recibieron durante la operación del programa Radar.
De acuerdo con el representante legal de la firma, Jaime Ferrer, la presidencia municipal de Pachuca impuso las multas por exceder los límites de velocidad permitidos para posteriormente notificarlas y cobrarlas a los conductores.
“Yo, en mi carácter de empresa, le cobramos al ayuntamiento un monto por la infracción cuando ésta es pagada; luego entonces, la única presión que puedo hacer es al ayuntamiento, que fue mi contraparte en el contrato, pero no al automovilista”, expuso.
Resumió que la empresa, con la cual signó convenio el exalcalde priista Eleazar García Sánchez, era un intermediario entre el infractor y la sanción aplicada.
“Jamás fue cobrada una multa en las arcas de la empresa, todas se pagaron en las oficinas recaudadoras de la Tesorería municipal”, aseveró Ferrer.
Añadió que de las sanciones la firma recibió su contraprestación de parte del municipio.
Hace unos días, la regidora panista Ruth León indicó a Criterio que Autotraffic continuaba presionando a automovilistas a fin de que pagaran las infracciones a las que se hicieron acreedores.
Ferrer insistió en que la corporación no requirió el pago a los dueños de vehículos, sino que es una obligación del gobierno local.
“Es el propio municipio el que determina la manera en que habrán de cobrarse las infracciones que estén pendientes de pago, no le corresponde a la empresa. Nosotros llevamos a cabo una prestación de servicios al ayuntamiento, no al automovilista”.
Yuvenil Torres i Pachuca